Panamá pone límites a las grasas trans y aplicará multas de hasta $250 mil
La ley establece un plazo de 36 meses para eliminar progresivamente las grasas trans industriales y fija multas de hasta $250 mil.
La industria alimentaria tendrá hasta 36 meses para adecuarse a las nuevas reglas que regulan el uso de grasas trans de producción industrial en Panamá. La nueva legislación establece límites de concentración, prohíbe determinados aceites utilizados en la elaboración de alimentos y contempla sanciones económicas de hasta $250 mil para quienes incumplan.
Se trata de la Ley 564 del 9 de noviembre de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, que busca reducir la presencia de ácidos grasos trans industriales en los productos destinados al consumo humano.
La norma establece que estos componentes no podrán superar los 2 gramos por cada 100 gramos de grasa total presente en los alimentos, incluyendo ingredientes, materias primas, aceites y grasas utilizados durante los procesos de fabricación.
Uno de los puntos centrales es la prohibición de producir, comercializar y distribuir aceites y grasas parcialmente hidrogenados para uso alimentario, conforme al calendario de aplicación establecido en la legislación.
Tres etapas para cumplir
La adecuación de la industria se realizará progresivamente. En los primeros 12 meses deberán ajustarse los ingredientes y materias primas; a los 18 meses, los productos alimentarios terminados deberán cumplir el límite establecido, mientras que en un plazo de 36 meses deberá completarse la eliminación de los aceites y grasas parcialmente hidrogenados.
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La legislación alcanza tanto a los productos nacionales como a los importados y obliga a las personas naturales y jurídicas que participen en la producción, importación, venta y distribución de alimentos.
Multas de hasta $250 mil
El incumplimiento de las disposiciones podrá generar multas que van desde los $100 hasta los $250 mil, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Las faltas leves podrán sancionarse con multas de entre $100 y $10 mil; las graves, entre $10,001 y $100 mil, y las gravísimas, entre $100,001 y $250 mil.
La normativa también contempla la suspensión temporal de autorizaciones y la cancelación definitiva de permisos de funcionamiento, según corresponda.
El Ministerio de Salud tendrá un papel central en la vigilancia y aplicación de estas disposiciones. Además, el Órgano Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de seis meses.
La medida representa un cambio para fabricantes, importadores y distribuidores, que deberán revisar sus ingredientes y procesos de producción para cumplir con los nuevos parámetros.
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