Parlacen advierte ignorancia de Procuradoría chapina
El Parlamento Centroamericano (Parlacen) lamentó que el Ministerio Público de Guatemala pretenda, mediante un Amparo de Garantías, ignorar su “Inmunidad de Jurisdicción” sobre las autoridades judiciales y administrativas, con lo cual viola normas internacionales.
Fue la propia presidenta del Parlacen, Nadia De León, que reaccionó con firmeza ante el amparo que interpuso la fiscal general guatemalteca Mario Consuelo Porras en su contra para evitar que se juramente a los diputados panameños Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.
Le recordó al MP que como ente regional, el Parlacen tiene “Inmunidad de Jurisdicción”, es decir, su propia facultad de administrar justicia y de conocer los actos de sus parlamentarios, como es el caso de los Martinelli Linares.
De León indicó que como lo mandata el Tratado Constitutivo y el Acuerdo Sede firmado con Guatemala, este es un órgano regional y permanente de representación política y democrática del Sistema de Integración Centroamericana, con personalidad jurídica internacional.
“Lamentamos el contenido de la publicación que ha hecho el Ministerio Público, en el cual hace constar que ha presentado en contra de la Presidenta del Parlacen una acción de Amparo por los motivos que en el mismo expresa y que contraría la legislación contenida en los Tratados y Acuerdos en los que el Estado de Guatemala es parte”, dijo la alta parlamentaria.
Desconocimiento de la Ley
En tanto, Denis Cuesy, abogado de los Martinelli Linares en Guatemala, manifestó que el Amparo presentado lo único que delata es el desconocimiento de la Ley por parte de las autoridades del país centroamericano.
“Las autoridades de Guatemala, en lo que realmente se deben enfocar es en el tema principal, el cual es el reconocimiento que el Parlacen ya le hizo a los hermanos Martinelli, a ellos ya se les reconoció como diputados y existen las credenciales que les fueron entregadas, donde se les reconoce su investidura”, puntualizó el jurista.
“Me parece irrisorio el que hayan interpuesto un Amparo en contra de un ente internacional, esto sería tan absurdo como que yo interpusiera un Amparo en contra del secretario de la Organización de las Naciones Unidas, en Guatemala, para que nuestro país conozca de un tema de esto”, explicó el abogado.
Ignorancia supina
El abogado internacionalista Pedro Sitton Ureta también calificó de "ignorancia supina, exabrupto jurídico y un abuso a la autoridad" el amparo de la Fiscal de Guatemala. No tiene ningún tipo de asidero jurídico interponer un recurso legal para evitar la juramentación de dos diputados del Parlacen, añadió.
El Acuerdo Sede entre Guatemala y el Parlacen, en su artículo 4 claramente establece que tienen una inmunidad plena para ejercer sus funciones sin ninguna limitación de ninguna autoridad guatemalteca, ya sea judicial o administrativa, expresó Sittón.
Como experto en Derecho Internacional, el abogado Sittón explica que si alguna autoridad guatemalteca impide la juramentación a diputados, violaría el Acuerdo Sede y una obligación del Estado guatemalteco, que se expone entonces a un proceso ante la Corte Centroamericana de Justicia. Hay un tratado internacional que obliga y limita la jurisdicción de soberanía del Estado guatemalteco frente a un organismo internacional como es el Parlacen, eso es claro y fácil de entender.
Para Sittón, en esos exabruptos de la Fiscal guatemalteca hay más presiones políticas de terceros estados o intento de ganarse la opinión pública, que un asidero jurídico sólido.
Pedro Sittón también alegó que el Estado panameño también ha fallado, porque los diputados tienen procesos pendientes acá y no sólo deben reclamar su regreso para que comparezcan a las instancias respectivas, sino también protegerlos porque gozan de inmunidad y los privilegios que les otorgan el Convenio de Viena, el tratado de Parlamento Centroamericano y el Convenio Sede entre Guatemala y el Parlacen.
Bancada panameña pide respeto
Mientras, anoche la bancada de Panamá en el Parlacen aprobó una resolución pidiendo respeto a la institucionalidad de ese organismo y pidió a la presidenta Nadia De León realizar las acciones para hacer valer y respetar los derechos, prerrogativas y obligaciones que recaen sobre los miembros principales y suplentes de ese organismo contemplados en el tratado constitutivo, el acuerdo sede y la Convención de Viena.
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