Presentan Amparo de Garantías contra Decreto Ejecutivo No. 62

Directivos del partido en formación Realizando Metas presentaron un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia contra el Decreto No. 62 del 13 de enero del 2021 por la violación a los derechos constitucionales al libre tránsito. 
El decreto establece toque de queda a nivel nacional y dispone medidas sanitarias para la restricción de la movilización ciudadana en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera, debido al comportamiento social y alto índice de contagio de COVID-19.
Los demandantes Luis Eduardo Camacho, Alejandro Pérez Saldaña, Félix Moulanier, Jamis Acosta y Francisco Ameglio indican que esta acción representa un acto que entra en colisión con disposiciones constitucionales, así como con derechos reconocidos en Tratados Internacionales suscritos por Panamá en materia de Derechos Humanos.

Para Luis Eduardo Camacho, las disposiciones sanitarias plasmadas en el decreto buscan evitar que el pueblo panameño se manifieste en contra de los desaciertos del Gobierno que están provocando desempleo y malas prestaciones de los servicios de salud.

De igual forma se indicó que el decreto, que aparece en la Gaceta oficial NO 29196-B del 13 de enero del 202,  ha provocado la caída de la economía, además de afectar la calidad de vida de los panameños.

Camacho asegura que este amparo se interpone en razón de las normas constitucionales definen el marco de acción que las autoridades tienen que seguir con respecto a las pandemias y a las medidas sanitarias que estos decretos están sobrepasando las facultades que la ley les permite y pisoteando la constitución nacional.
En el documento se solícita que el decreto sea revocado de forma inmediata porque incide de forma directa en el derecho a libertad de tránsito de los demandantes, a quienes se les están restringiendo sus derechos en contravención a los parámetros establecidos en la constitución para su limitación, constituyéndose en un acto abusivo y arbitrario por parte del servidor público demandado.
Las excesivas medidas de confinamiento, restricciones a la movilidad, la prohibición prolongada al derecho a reunión, incluso las limitantes propias que imposibilitan el derecho a la protesta pacífica, medidas que se adoptan en múltiples Decretos Ejecutivos y que se mantienen en el Decreto objeto de esta Acción de Amparo, son razones suficientes para activar la vía Constitucional diseñada para proteger las Garantías y Derechos Fundamentales que son violentados a través de estas disposiciones, se indica en el documento legal.