Revés para La Prensa: reabren causa por publicaciones sobre Odila Castillo

Una jueza de garantías ordenó la reapertura de la investigación derivada de la querella presentada por la abogada Odilia Castillo contra el periodista del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, por los presuntos delitos de calumnia, injuria y violencia psicológica, al considerar que la Fiscalía cerró el caso sin agotar diligencias esenciales.

La querella tiene su origen en una publicación de La Prensa del 13 de noviembre de 2024, titulada "FBI alertó de posible caso de corrupción ligado a Odila Castillo", así como en una serie de 16 portadas publicadas por ese diario, que, según el abogado querellante Carlos Carrillo, atribuyeron falsamente a su representada la comisión de delitos relacionados con presuntos cobros de comisiones a contratistas del Estado.

Durante la audiencia de revisión del archivo provisional, la jueza Marlene Gómez cuestionó que el Ministerio Público concluyera que los hechos denunciados "no constituyen delito" sin realizar una investigación suficiente para sustentar esa afirmación.

La juzgadora sostuvo que, en cuanto al presunto delito de violencia psicológica, la Fiscalía no ordenó una evaluación oficial que permitiera determinar si existía una afectación relacionada con los hechos denunciados, pese a que la querellante presentó un informe psicológico privado.

Respecto al delito de calumnia, la jueza indicó que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece responsabilidades posteriores cuando se afecta la honra y reputación de las personas. Añadió que atribuir la comisión de un delito a una persona sin que exista una condena o una comprobación judicial puede tener relevancia penal y debe ser objeto de una investigación completa antes de descartar la existencia de un delito.

La decisión también señala que el archivo dispuesto por la Fiscalía bajo el argumento de que la conducta no constituía delito cerraba la posibilidad de continuar con la investigación, por lo que consideró necesario revocar esa conclusión y ordenar nuevas diligencias para esclarecer los hechos.

En consecuencia, la jueza dispuso la reapertura de la carpeta de investigación para que el Ministerio Público practique los actos investigativos pendientes y, una vez agotados, adopte la decisión que corresponda conforme a los resultados obtenidos.