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Revisarán condena de exfuncionaria por envenenamiento masivo
El envenenamiento dio la vuelta al mundo y está considerado uno de los accidentes sanitarios más graves de la historia de Panamá.
Panamá- El Supremo panameño celebrará el próximo 29 de mayo una audiencia para revisar la sentencia de 12 meses de prisión contra la exfuncionaria de compras del seguro social por un caso de envenenamiento masivo ocurrido hace más de una década en Panamá.
El Órgano Judicial explicó en un comunicado que la audiencia tendrá lugar en la Sala Segunda de lo Penal del máximo tribunal a las 2 de la tarde y se celebrará a petición de la defensa de la exdirectora de Abastos de la Caja del Seguro Social (CSS), Martha Cristelly Sánchez.
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Sánchez fue condenada en primera instancia en julio de 2016 por un delito contra la salud pública a 12 meses de cárcel y de inhabilitación por su responsabilidad como exjefa de compras de la seguridad social panameña en la distribución hace más de una década de un jarabe contaminado con dietilenglicol, una sustancia altamente venenosa que se utiliza como refrigerante industrial.
La pena contra la exfuncionaria fue ratificada en abril del año pasado por la Sala Segunda de lo Penal, aclaró el mismo comunicado.
El envenenamiento dio la vuelta al mundo y está considerado uno de los accidentes sanitarios más graves de la historia de Panamá.
En los últimos meses, más de doscientas personas han demandado al Estado panameño por presunta negligencia médica.
El caso dio un inesperado giro en abril del año pasado cuando la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución de cinco personas, entre ellas el exdirector del seguro social René Luciani, y les condenó a 18 meses de cárcel.
En la sentencia original, que fue dictada en julio de 2016 por un tribunal e invalidada después por el máximo organismo de justicia, solo fueron condenados cinco de los casi 30 imputados, lo que causó gran decepción entre las víctimas.
La historia se remonta al 2003, cuando la Caja del Seguro Social compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina pura a la empresa panameña Medicom, que a su vez adquirió la mercancía a la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., que la trajo desde China.
Con esa supuesta glicerina pura, el Seguro Social elaboró un jarabe para la gripe, que resultó no ser apto para el consumo humano.
Las autoridades sanitarias distribuyeron por el país más de 200.000 frascos del "jarabe de la muerte", pero no fue hasta el año 2006 cuando se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.
Según el comité de víctimas, hasta el momento se han reconocido cerca de 800 muertes y más de 1.300 afectados, entre los que hay más de 250 menores.
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