Se declaran inocentes procesados por filtraciones de "Panamá Papers"
Jürgen Mossack dijo que el caso se inicia con el robo de información al bufete y luego por la persecución armada por la Procuradora Kenia Porcell. No existe lavado de activos y por ende debemos ser absueltos, sostuvo el abogado.
El juicio por el caso 'Papeles de Panamá', comenzó ayer contra 27 imputados que claman su inocencia y la Fiscalía resuelta a pedir una pena "ejemplar".
Esta audiencia, a la que asistieron la mayoría de los acusados, algunos de ellos vía plataformas digitales, está programada para desarrollarse hasta el 26 de abril.
Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores del bufete, núcleo del escándalo que estalló en el 2016 al dejar al descubierto transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras.
"No soy responsable de tales actos", respondió Mossack a la jueza Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, al preguntarle si se consideraba responsable del cargo de blanqueo de capitales, una interrogante que se hizo a todos los acusados presentes en la audiencia.
Fonseca Mora no se presentó en la sala ni tampoco se conectó por la vía virtual por estar hospitalizado, según explicó su defensa, que presentó una certificación médica.
Jürgen Mossack dijo que el caso se inicia con el robo de información al bufete y luego por la persecución armada por la Procuradora Kenia Porcell. No existe lavado de activos y por ende debemos ser absueltos, sostuvo el abogado.
No solo los socios fundadores, también están acusados antiguos empleados del bufete Mossack Fonseca, que no sobrevivió al escándalo y cerró sus puertas en marzo de 2018, tras 40 años de operaciones en las que "nunca estuvo involucrada en actos ilícitos", como dijo en una carta pública entonces.
"Si hay justicia de verdad, salimos bien librados de esto", dijo Mossack a su llegada a la sede del tribunal en una muy breve declaración a los periodistas, ante los cuales dijo sentirse "muy optimista".
En junio de 2022, Baloisa Marquínez,dictó el "sobreseimiento provisional a favor de 39 personas, y un sobreseimiento definitivo para otra" por el caso.Argumentó, entre otros, que la investigación "no demostró qué cuentas fueron creadas en Panamá con la finalidad de ocultar dinero de procedencia ilícita, ni los montos de los dineros ingresados provenientes de sociedades offshore" o extraterritoriales. Pero luego, un tribunal superior modificó el fallo de sobreseimiento y abrió causa criminal contra 32 personas.
Ya ante en una vista fiscal elaborada por el entonces magistrado Luis Ramón Fábrega en el caso de la diputada Sara Montenegro investigada en dicho caso, advertía que los servicios prestados bajo el marco de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927 (sobre sociedades anónimas) y que "ofrecen un número plural de firmas de abogados, no pueden ser considerados como delitos"
La utilización de sociedades anónimas u otras estructuras corporativas o financieras presuntamente para evadir impuestos o defraudar al fisco, no puede ser considerado delito precedente al blanqueo de capitales en Panamá, ya que no es sino a través de la promulgación de la ley 70 del 31 de enero de 2019 , que se se tipifica la defraudación fiscal como un delito precedente al blanqueo de capitales, sustentaba Fábrega.
Fábrega advirtió que el Ministerio Público estableció que los presuntos delitos precedentes se cometieron durante el período 2010-2015 y que según Brasil eran corrupción, fraude, estafa.
Paralelamente Ramón Fonseca Mora demandó por $24 millones en el Juzgado Cuarto Civil de Panamá AIG Seguros Panamá (absorbida por Seguros ASSA), por el incumplimiento en el pago de tres pólizas diferentes.
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