Se mantiene detención por fraude en cobro chimbo de arroz
El abogado litigante Iván Castillo en Veraguas confirmó que el tribunal de Apelación en el Sistema Penal Acusatorio decidió mantener la medida de detención provisional en contra de los imputados
El faltante de tres millones de quintales de arroz en el inventario nacional fue dado a conocer ayer por el director de asesoría legal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el licenciado Fernando Simons, a su salida del Sistema Penal Acusatorio en Santiago, durante la audiencia de apelación a dos personas involucradas en el pago de indemnizaciones a productores de arroz de forma fraudulenta.
El abogado litigante Iván Castillo en Veraguas confirmó que el tribunal de Apelación en el Sistema Penal Acusatorio decidió mantener la medida de detención provisional en contra de los imputados ante las denuncias formuladas también por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) relacionadas con las indemnizaciones que algunos productores de arroz cobraron de manera irregular.
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El abogado sostuvo que reconoce la amplia explicación que dio el director nacional de asesoría legal del MIDA ante los jueces, recalcando que se muestra un faltante en el inventario nacional de unos 3 millones de quintales de arroz cuyo valor oscila entre los B/ 7.50 o más en el mercado nacional, pudiéndose calcular la suma estimada que se pagó a los productores sospechosos del cobro irregular.
Simons, asesor legal del MIDA, comentó además que hasta ahora el Ministerio Público investiga a unas 21 personas presuntamente vinculadas a este escándalo, sin mencionar si hay o no funcionarios de esa institución vinculados a este caso, ni tampoco dijo la cuantía del desfalco al erario público.
El jurista también reconoció el trabajo que adelanta el MP, puesto que en los últimos meses han tenido buenos resultados en las investigaciones y donde no se descarta más implicados. Comentó que uno de sus clientes tenía más de siete años agilizando el pago de una indemnización al ser un verdadero productor, mientras que otros en menos de dos meses el proceso de cobro se les hacía mediante trámites efectivos, dejando claro que poco importa quiénes manejaban estos requerimientos.
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