Siete Imputados por auxilios del IFARHU reciben medida de reporte mensual
La supuesta malversación de fondos públicos en este caso asciende a más de 24 millones de dólares,
Siete personas fueron imputadas por los supuestos delitos de peculado por extensión y corrupción de servidores públicos, tras recibir auxilios económicos del IFARHU durante el pasado gobierno y no poder justificar cómo usaron la plata.
Los señalados son Ulises Adames, Félix Mulanier, Jean Modelo, Christopher García, Kennedy Vargas, Anel Hernández y Hussein Pitti, quienes habrían recibido más de $90 mil para cursar estudios universitarios dentro y fuera del país.
Según el Ministerio Público, varios de ellos no lograron justificar la totalidad del dinero, presentando solo algunas facturas y recibos de matrícula. Lo más delicado es que la Fiscalía investiga transferencias hechas desde sus cuentas hacia las del exdirector del IFARU, Bernardo “Nando” Meneses.
Durante la audiencia, el juez de garantías Édgar Ariel Naterón avaló la imputación de cargos y ordenó medidas cautelares: reportarse una vez al mes ante la oficina judicial y mantenerse en su domicilio mientras avanza la investigación.
El Ministerio Público sostiene que este caso es apenas una parte de una investigación más grande, con más de 800 expedientes sobre auxilios económicos entregados durante la pasada administración.
“Cada historia es diferente, pero ninguno ha podido justificar todo lo recibido”, comentó una fuente judicial.
Jean Carlos Modelo y Félix Moulanier son algunos imputados que, deberán reportarse periódicamente ante las autoridades judiciales. También Anel García, Hussein Bolívar Pitti, Kennedy Ariel Vargas, Ulises Gabriel Adames y Christopher Gracia.
Se ha solicitado que el período de investigación se extienda hasta julio de 2026.
La acusación y las cifras
Según los datos proporcionados por el Ministerio Público, la supuesta malversación de fondos públicos en este caso asciende a más de 24 millones de dólares, cifra sustentada en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.
La diligencia judicial reveló que uno de los investigados habría recibido $23,000 para cursar estudios universitarios en una institución privada en Panamá, sin que hasta la fecha se haya presentado la documentación que justifique el uso del dinero.
El juez ordenó que los imputados mantengan el mismo domicilio reportado para garantizar su localización durante el proceso.
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