Trabajadores entran a Barro Blanco con ayuda de policías

Trabajadores de la empresa hondureña Genisa retornaron ayer al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, suspendido por el Gobierno en febrero pasado debido a faltas medioambientales, y cuya cancelación definitiva exigen indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé.

Los accesos al proyecto permanecían bloqueados desde junio por indígenas opuestos a la hidroeléctrica, y que el Gobierno ha dicho que debe ser terminada por tratarse de un asunto de "interés nacional.

Pero los indígenas del Movimiento 22 de Septiembre y miembros de la iglesia Mama Tatda califican como un "acto de cobardía" la decisión del Gobierno de enviar a Barro Blanco un contingente de policías para desbloquear el acceso a la entrada.

Bernardo Jiménez, dirigente del M-22, manifestó que se ha "militarizado" el proyecto hidroeléctrico con más de 200 policías.

La acción se dio cuando los uniformados desalojaron a algunos indígenas en la segunda entrada, a eso de las 7:00 a.m. de ayer, para permitir que al menos 40 trabajadores entraran al proyecto.

El director de la Policía, Omar Pinzón, manifestó que en ningún momento hubo represión en contra de los ngäbes y buglés. "Aquí no existe militarización de ningún tipo, las unidades que se mantienen en el lugar son de la policía regular de Chiriquí y Veraguas, solo estamos velando por la seguridad de todos", añadió.

El también grupo indígena del M-10 y autoridades de la comarca dijeron que el Gobierno violó la mesa de diálogo.

Ricardo Miranda señaló: "Ese ingreso es la gota que derrama el vaso y con esto inmediatamente el gobierno de Varela pone en riesgo la paz social de los panameños, es por eso que estamos en estado de alerta".

Obra se va a terminar

Por su parte, el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, dijo que la entrada de los trabajadores a Barro Blanco "implica que hay una normalización en el área".

Henríquez agregó que la intención del Gobierno sigue siendo permitir que se concluya al 100% la obra, para evitar deslaves por una represa incompleta.

"Se va a terminar la obra, pero no se va a poner en operación mientras dure el nuevo diálogo, que puede durar meses, es probable que la empresa diga que no puede continuar... En esa circunstancia el Estado estaría en disposición o de adquirirla o de que otro grupo empresarial lo compre", dijo.

"El problema es que otro grupo empresarial no compraría una empresa que no está operando, ni sabe cuándo va a operar", agregó. "Si se tiene que comprar esta obra para darnos paz social, al menos tiene que estar terminada. Una obra a medio palo no justifica una compra".

Piden seguridad jurídica

Por su parte, la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) alegó que no ha recibido notificación formal de que el Estado adquirirá el proyecto y cedido a la empresa de capital estatal Egesa.

"Una decisión como esta, anunciada públicamente, puede implicar la violación de una serie de derechos constitucionales, legales y contractuales de Genisa. Igualmente, existen derechos reales en beneficio de los bancos multilaterales y de desarrollo acreedores del proyecto que deben ser considerados", señaló Genisa.

La empresa pidió al Gobierno que garantice la seguridad jurídica y la protección de su inversión y de los derechos que como concesionarios e inversionistas cuentan.