Transportistas de Panamá Oeste no cobrarán compensación
El Gobierno descarta pagar indemnizaciones a las rutas de buses que podrían perder pasajeros con la llegada del monorriel. Hato Montaña, Nuevo Chorrillo, Arraiján, Burunga y Vista Alegre figuran entre las zonas que sentirán el impacto.
Panamá. Los transportistas de Arraiján y La Chorrera no recibirán compensaciones económicas por los posibles efectos que tendrá la entrada en operación de la Línea 3 del Metro de Panamá, un proyecto que cambiará la movilidad entre Panamá Oeste y la capital.
La decisión del Gobierno deja por fuera la posibilidad de aplicar en esta provincia un esquema de indemnizaciones como el que antecedió a la incorporación de MiBus en Panamá y San Miguelito, proceso que generó controversia entre los transportistas.
El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, explicó que la Línea 3 no busca únicamente trasladar a los usuarios de los buses hacia el sistema ferroviario. También pretende que quienes utilizan vehículos particulares dejen sus autos en casa y opten por el transporte masivo.
Según el funcionario, este cambio podría traducirse en ahorro de combustible y menos tiempo en los tranques para quienes se movilizan diariamente desde Panamá Oeste hacia la ciudad capital.
Cinco rutas podrían sentir el impacto
Entre las rutas de transporte público que podrían verse afectadas por la operación del monorriel están Hato Montaña, Nuevo Chorrillo, Arraiján, Burunga y Vista Alegre.
Para estos transportistas, la llegada del nuevo sistema representa un escenario distinto, ante la posibilidad de que parte de sus pasajeros opte por utilizar el Metro para trasladarse hacia la capital.
Inauguración está prevista para 2028
La inauguración de la Línea 3 del Metro está proyectada para finales de 2028. El proyecto busca mejorar la conexión entre Panamá Oeste y la ciudad de Panamá, una de las zonas con mayores problemas de congestión vehicular.
Mientras se acerca la puesta en marcha del monorriel, los transportistas deberán enfrentar los cambios que traerá el nuevo sistema, sin que el Gobierno contemple compensaciones por el posible impacto en sus operaciones.
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