Nacional
Un borrador de extinción de dominio que sigue generando preocupación
Habrá una nueva burocracia integrada por tres magistrados del Tribunal Especializado de Extinción de Dominio y por siete jueces de control patrimonial.
La mesa técnica designada por la Comisión de Gobierno entregó ayer el borrador del proyecto de jurisdicción patrimonial de extinción de dominio, que desde su artículo 1 revela lo amplio de su aplicación, ya que será de "carácter administrativo, civil, judicial, real y sancionatorio, pero autónomo a cualquier otra jurisdicción".
Para el ex viceministro y expresidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Linares la ley de extinción de dominio se "convertirá en un instrumento de persecución política, ya verán. Una vez más la Asamblea Nacional claudica ante las presiones de los gringos, los verdaderos ostentadores del poder público. ¡Que vergüenza!".
Según Ariel Corbetti, abogado y miembro de la mesa técnica, es de suma preocupación el artículo No.1 del nuevo texto.
El proyecto establece que la extinción de dominio procederá contra cualquier derecho real, principal o accesorio con independencia de la persona que lo tenga en su poder y los haya adquirido, que incluye bienes, instrumentos, recursos, productos, activos o valores" relacionados con delitos relacionados con drogas, precursores y sustancias químicas; terrorismo y el financiamiento del terrorismo; tráfico ilegal de personas; tráfico de armas internacionales; tráfico ilícito de migrantes; explotación sexual, comercial y pornografía con personas menores de edad; secuestro y extorsión; sicariato; tráfico de órganos; pandillerimo y blanqueo de capitales cuando derive de algunos de los delitos anteriores.
La coordinadora y presidenta de la mesa técnica, Corina Cano manifestó que se propone crear una jurisdicción especial, presidida por una fiscalía especializada en extinción de dominio, un tribunal especializado que tendrá sus magistrados, de tal manera que sea un ente totalmente independiente y autónomo, y así poderles dar las garantías constitucionales a todos los ciudadanos y sientan que sus derechos y garantías fundamentales serán protegidas.
Se excluyó de la extinción de dominio los delitos contra la administración pública.
Habrá una nueva burocracia integrada por tres magistrados del Tribunal Especializado de Extinción de Dominio y por siete jueces de control patrimonial. Además el Procurador de la Administración designará un fiscal de extinción de dominio por un periodo de 10 años y también existirán 7 fiscales adjuntos.
La acción de extinción de dominio procederá siempre que no hayan transcurrido más de 20 años en la adquisición de los bienes, salvo en casos de terrorismo y su financiamiento, los cuales no tienen términos de vencimiento.
Las investigaciones tendrán un plazo de seis meses. Si hay absolución los bienes serán devueltos o la suma equivalente de acuerdo al valor que tenían en el momento de ser aprehendidos en caso de haber sido vendidos o subastados.
Habrá nulidad cuando se viole el debido proceso, iniciar la acción de extinción estando prescrita, ausencia de notificación al afectado o a su representante legal y por ausencia de notificación de la fecha de juicio oral o la fecha para el control para la medida cautelar aplicada.
El presidente de la Asamblea, Crispiano Adames expresó que ya se ha reformulado casi en su totalidad el proyecto 625 y alegó que se ha trabajado bajo los principios de no retroactividad como ha operado en otros países.