“Ya es hora de negociar”: comunidades piden a Mulino aplicar recomendaciones
Comunidades de La Pintada, Omar Torrijos Herrera y Donoso reclaman participación directa en las decisiones sobre el futuro de Cobre Panamá y piden que se abra una mesa permanente de diálogo tras la entrega del informe de la Comisión Interministerial.
“Ya es hora de negociar”. Con ese planteamiento, comunidades de La Pintada, Omar Torrijos Herrera y Donoso pidieron al presidente José Raúl Mulino que las incluya en las decisiones que se adopten sobre el futuro de Cobre Panamá.
El pronunciamiento ocurre pocos días después de que la Comisión Interministerial entregara al mandatario su informe final sobre el sitio minero, documento que contiene 17 recomendaciones y seis criterios para cualquier solución que se adopte.
La Comisión dejó claro que su informe no constituye una decisión. La decisión final corresponde al presidente Mulino, quien anunció que estudiará el documento antes de comunicar al país el camino que seguirá el Gobierno.
Comunidades quieren asiento en la negociación
Los representantes comunitarios sostienen que cualquier decisión sobre Cobre Panamá tendrá un impacto directo en las familias, comercios, trabajadores y gobiernos locales de los distritos ubicados en el área de influencia del proyecto.
Por ello, reclaman una mesa de diálogo permanente con representación comunitaria, en la que puedan participar en la discusión de las alternativas que se definan para la mina y la región.
“Quien vive junto al proyecto conoce sus impactos y oportunidades”, plantearon las comunidades, al defender que su participación debe ser efectiva y no limitarse a ser consultadas después de que las decisiones estén tomadas.
El reclamo adquiere relevancia porque el propio informe de la Comisión establece entre sus criterios que debe darse prioridad a las personas afectadas directamente por el cierre.
Piden que el cierre tenga una alternativa para la región
Las comunidades también cuestionan qué ocurrirá con los distritos si finalmente se mantiene el cierre de la actividad minera y no se establece una alternativa económica.
Según el pronunciamiento, unas 50 mil personas dependen de la estabilidad económica de esa región, mientras que los municipios enfrentan limitaciones para generar ingresos propios y empleo estable.
El planteamiento es directo: si se determina un cierre o una transición, debe existir paralelamente un plan de desarrollo alternativo, con metas, plazos y responsables claramente definidos.
La petición busca evitar que el cierre de la actividad minera quede reducido a una decisión sobre las instalaciones del proyecto sin atender las consecuencias económicas y sociales en las comunidades cercanas.
El informe plantea un cierre ordenado
La Comisión Interministerial recomendó evaluar la viabilidad de un acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y establecer condiciones para una eventual puesta en marcha que conduzca a un cierre ordenado del sitio, sin costo para el Estado y en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Entre los seis criterios establecidos por la Comisión también figuran la rectoría del Estado y la titularidad de la Nación sobre los yacimientos minerales, la transparencia verificable y la supervisión conforme a estándares internacionales.
El documento recomienda, además, que la huella territorial del sitio no aumente y se reduzca progresivamente, que se establezca una fecha para el cierre final y que el pasivo residual sea identificado, cuantificado y financiado.
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, también planteó la necesidad de un plan de cierre ordenado, un fondo que garantice su cumplimiento y una revisión independiente que confirme que el cierre sea seguro.
“No existe un plan alternativo”
Para las comunidades, uno de los principales problemas es que todavía no existe una propuesta concreta que sustituya el empleo, el movimiento comercial y los ingresos que generaba la actividad minera en la zona.
Por eso sostienen que no buscan imponer una posición sobre el futuro del proyecto, sino participar en una negociación en la que existan reglas claras, garantías y beneficios concretos para quienes viven en el área.
La petición también plantea que cualquier eventual acuerdo debe tomar en cuenta las condiciones económicas de los municipios y las necesidades de las familias que han quedado afectadas por la paralización de la actividad.
Mulino tiene ahora la decisión
El Gobierno recibió el informe el 30 de septiembre. La Comisión había sido creada el 1 de julio para evaluar la realidad técnica, económica y ambiental del sitio, revisar las opciones disponibles y recomendar el camino que mejor protegiera los intereses nacionales.
El documento entregado al mandatario no autoriza una reapertura, no fija una fecha para nuevas operaciones y tampoco constituye un acuerdo con la empresa. La decisión sobre los pasos siguientes permanece en manos del Ejecutivo.
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