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El Salvador registra unos 900 crímenes en el mes de agosto de este año, cosa que no puede alegrar a nadie de la región centroamericana, ni menos pensar en comparaciones a nivel local.

Su última guerra civil se dio entre 1980 a 1992, donde se registra unas 75 mil personas entre muertos y desaparecidas, realidad muy alejada de nuestra historia.

La extensión del país centroamericano equivale al tamaño de Chiriquí, con una población de 6 millones, con una gran cantidad de ciudadanos viviendo en los Estados Unidos.

Quizás poco conocemos de la gente buena y laboriosa de este país, pero sí sabemos de sus pandillas, llamadas Maras, que prácticamente mantienen otra guerra civil; el año pasado ocurrieron unos 2,800 homicidios.

Estas pandillas se involucran en asaltos a autobuses, supermercados, extorsiones, secuestros, el tráfico de drogas, violaciones, la colocación de coche bombas en el Ministerio de Seguridad y el reclutamiento de menores.

A estas malas influencias del área centroamericana se nos suman los métodos que nos vienen de Suramérica, con sus estafas electrónicas.

Hay que tener en cuenta que la delincuencia panameña pasó de ser social a criminal, con ramificaciones en el extranjero, por lo tanto, hay que cambiar los métodos de combate.

No entendemos por qué nos entretenemos en cuestiones de estadísticas, cuando debemos definir políticas de Estado contra este flagelo, que cada día aumenta en la inseguridad ciudadana. Todavía hay quienes señalan que se perdió la oportunidad en Panamá de enfrentar al mundo delictivo, cuando se saboteó la instalación del Centro Multilateral Antidrogas (CMA).