Abuso de poder

Una conquista innegable del siglo de las luces del derecho penal es que la libertad corporal no podía ser mediatizada, salvo que existieran fundadas razones, entre ellas, que peligrara el proceso investigación por riesgo de fuga, destrucción de pruebas y amenaza a las presuntas víctimas del delito.

En Panamá las cárceles rebosan de miles de detenidos preventivamente por orden de algún fiscal del Ministerio Público. Incluso, se han dado casos en que estos detenidos permanecen tras las rejas hasta cumplir –sin ir a juicio- la pena mínima del delito que se le imputa.

Esta conducta por parte de los fiscales constituye un abuso de poder y una violación a los derechos humanos, inaceptable en un sistema de investigación y enjuiciamiento, que asegura respetar los derechos humanos de los privados de libertad.

Si bien es cierto en aquellos casos resabios del sistema inquisitivo, en el que aún quedan causas que liquidar, el fiscal está facultado para ordenar la detención, también hay otra realidad, éstos funcionarios son unos abusadores y homicidas de libertad corporal.

Una revisión minuciosa de los casos revelaría sin duda que hay reos de delitos de bagatela o de hurto famélicos, drogadependientes –a los que la ley les da un tratamiento especial por su enfermedad- padeciendo cárcel.

En esto también tiene responsabilidad el Sistema Penitenciario y la actual titular de Gobierno, que no procuran la aplicación de principios elementales, en el tratamiento del preso condenado, del detenido preventivamente o del aprehendido.

Nuestras cárceles –se ha dicho y hay que repetirlo hasta el cansancio- son escuelas de crimen y mazmorras medievales. Parece que a esta gente no llega “El pueblo primero”.

Hay que buscar mecanismos legales para como decimos en buen panameño, “pararle el happy” los fiscales abusadores.