Amparo escandaloso

Como un balde de agua fría cayó ante la opinión pública nacional, el anuncio hecho por el Ministerio de Público, de que se suspenden las investigaciones sobre el escándalo mundial de la Panamá Papers, que involucra a la poderosa firma de abogados Mossack Fonseca, cuyo dueño, Ramón Fonseca Mora, es un aliado político y donante de campaña del actual presidente Juan Carlos Varela.

Este escándalo reveló cómo la firma cuasi presidencial, recordemos que el dueño fue jefe político del panameñismo y asesor en la Presidencia, constituyó desde Panamá las llamadas sociedades “off shore” que fueron utilizadas para esconder fortunas mal habidas, producto del latrocinio a fondos públicos, actividades delictivas y evasión de impuestos de conspicuos personajes internacionales.

En el mundo entero se desató una investigación sobre los Panamá Papers, excepto en Panamá, donde tras un tímido allanamiento al local de la firma –del cual nunca ha dado detalles- el Ministerio Público abrió lo que se denomina “sumarias en averiguación”.

Lo sorprendente del hecho es que casi un año después, los abogados sirviendo los intereses de la cuestionada firma, interponen un amparo de garantías constitucionales y por arte de birlibirloque, se suspende la investigación y se envía el expediente original al Primer Tribunal Superior de Justicia, donde seguramente dormirá el sueño de los justos por muchos años.

Sin acreditar aún el hecho punible y sin que haya imputados, ¿cómo es que prospera un amparo?, simplemente para “tirarle una toalla” al comprador de pasteles, y para que queden impunes los delitos que puedan haber emergido de la investigación.

Eso retrata de cuerpo entero a una justicia politizada.