Atentado a la presunción de inocencia

La propuesta de la procuradora Kenia Porcell de hacer públicos los nombres de investigados por presuntos delitos de corrupción no es más que una salida demagógica y desesperada, frente a los cuestionamientos ciudadanos por su falta de acción y diligencia en investigar los nexos del actual presidente Juan Carlos Varela, con empresas acusadas de corrupción como Odebrecht.

Porcell sabe con toda claridad -y si no lo sabe, es por ignorancia inexcusable- que nadie puede ser reputado como culpable de un delito hasta que no le sea probado en juicio, en donde se le den todas las garantías para su defensa y medios para impugnar la decisión de primer instancia.

Hablemos claro: la procuradora está asustada por la manifestación que le van a montar los ciudadanos el próximo martes en la sede del Ministerio Público y busca esta alternativa para calmar a una sociedad panameña insatisfecha y harta de tanto cuento oficial.

La jefe del Ministerio Público sabe perfectamente, que su proyecto, presentado recientemente, atenta contra el estado de inocencia que proclama el Código Penal y la Constitución Nacional y que también está consagrada en diversos convenios internacionales de derechos humanos de los cuales Panamá es signataria.

Además es un hecho que tal normativa, en el muy remoto caso de que se llegase a aprobar, constituiría un arma de persecución en manos de cualquier régimen corrupto, que la utilizaría para acosar a sus opositores.

Por lo absurdo de la propuesta, lo más probable es que duerma el sueño eterno en algún apolismado y polvoriento gavetero de la Asamblea de Diputados.