Consulta nacional

Reza un viejo aforismo: “hecha la ley, hecha la trampa”. Lo que busca explicar el conocido florilegio es que detrás de una nueva legislación pueden haber intenciones ‘non santas’.

Tal parece que ha ocurrido así con la propuesta reformas tributarias en materia de bien inmueble del gobierno de Juan Carlos Varela, el cual parece tener visos de inequidad y discriminación a algunos sectores sociales.

A pesar que la propuesta legislativa a simple vista parece beneficiosa, debemos darnos cuenta de que la misma no fue una concesión graciosa del poder sino el resultado tenaz de la lucha de amplios sectores ciudadanos y quien dio la clarinada de alerta fue la diputada Zulay Rodríguez, que denunció el carácter confiscatorio de la política tributaria oficial.

Bien por Zulay y el pueblo que la apoyó en su lucha contra los nefastos reavalúos y contra el decreto de actualización catastral, felizmente derogado por el gobierno, debido a la presión popular.

Empero, no debe pasarse por alto las voces de juristas, exmagistrados y especialistas en materia tributaria, quienes ahora advierten el carácter discriminador y excluyente de la propuesta del gobierno.

Que el gobierno no nos meta “gatoski por liebreski”, como dicen por allí. Es necesaria una amplia discusión del proyecto de patrimonio familiar tributario antes de ser aprobado. En esta discusión deben de participar todos los sectores de la sociedad y que el proyecto que finalmente se apruebe sea fruto de un gran consenso nacional.

Si no es así, no duden que verán a Zulay y a todos los panameños protestando en las calles y enfrentando la represión policiaca, contra el mamotreto discriminador.