Control de armas

Una de las medidas, por cierto fallida, que ha implementado el Gobierno Nacional para hacerle frente a la creciente violencia es la de suspender la importación de armas de mano o para uso civil, bajo el argumento de que al final, estas armas terminan en manos de los delincuentes.

La triste verdad es que la medida no ha sido efectiva y en realidad es absurda porque se supone que el Gobierno autoriza, fiscaliza, controla la entrada al país y la comercialización de estas armas, por lo cual también tiene el control de la expedición de los permisos para su porte.

Eso significa que toda arma tiene un número de serie que debe estar registrado en la entidad correspondiente, y si es usada para cometer un delito, quien responde legalmente es el propietario del arma que no haya denunciado oportunamente la pérdida o el robo de esta.

Los maleantes adquieren su armamento en el mercado negro y -como es sabido- borran los números de serie para evitar que se conozca su origen, por lo que hay que atacar la entrada ilegal al país del armamento procedente de Centro y Suramérica.

Impedir al ciudadano que, luego de cumplir todos los requisitos legales, adquiera un arma de fuego para su defensa personal, la de su familia y patrimonio es hacerle el juego a los delincuentes y asesinos que roban y matan impunemente.

El derecho a la legítima defensa está consagrado en todos los ordenamientos jurídicos, y el Gobierno, so pretexto de la seguridad, no puede impedir el derecho que tenemos todos a defendernos de un ataque injusto e ilegítimo de quienes han preferido vivir al margen de la ley.