Criminalización del activismo social

En determinados momentos y bajo regímenes despóticos, el Derecho se convierte como bien lo dijo el jurista chileno Eduardo Novoa Monreal, en un “obstáculo para el cambio social”, es así porque los gobiernos usan la norma jurídica para mantener estructuras autoritarias y caducas.

Tal parece estar sucediendo en Panamá a la luz de hechos muy puntuales: un diputado del gobierno demandó en tribunales civiles a una activista social, que exteriorizó su descontento ante la creación del distrito de Panamá Norte.

Dirigentes transportistas que, con razón o sin ella, manifestaban una aspiración gremial, fueron llevados ante tribunales de justicia y acusados de delitos.

Igual, una funcionaria que espetó amenazas contra un diario colega, que la criticó con el relajo de la ‘viajadera’ estéril en que anda, que además le cuesta miles de balboas al erario.

Estas acciones intimidatorias de elementos, que tienen mayor poder social e institucional, contra el ciudadano que decide protestar en las calles, hablar ante un micrófono o escribir una columna de opinión son muy peligrosas, ya que abre la puerta a la criminalización y judicialización del activismo social.

A los que ocupan cargos de fiscales, jueces o cualquier otra posición que le dé la facultad de sancionar que pelen el ojo, porque la libertad de opinión, reunión o circulación, no puede ser elevada a delito.

No apliquen normas legales, hechas para mantener el ‘statu quo’, de desigualdades sociales.

El político y el alto burócrata deben saber que siempre serán objeto de crítica, si no tienen tolerancia ante la diatriba ciudadana, no serán buenos gobernantes.

Si al ciudadano se le sugestiona con demandas y aperturas de expedientes, se le coarta su libertad, pero ojo, ese es caldo de cultivo para que se entronicen doctrinas violentas en la vida nacional y los responsables serán los verdugos que ahora reprimen la libertad ciudadana.