Derecho al agua

Resultan chocantes los dichos de la Directora del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), en el sentido de que en Panamá no hay agua porque los panameños la desperdician y que usamos en promedio el doble del agua que en otros países de América Latina.

En Panamá todos los días de Dios hay protestas por falta de agua a lo largo y ancho del país, por lo que esas aseveraciones, además de falsas, constituyen una afrenta a los panameños humildes que viven como gorgojos y sufren el tormento de la ausencia del vital líquido. Aparte, el mayor desperdicio de agua proviene de las fugas de la red de distribución que el IDAAN demora una eternidad en reparar.

Mientras el gobierno no eleve el problema del agua a un tema prioritario, tendremos manifestaciones diarias de gente pidiendo el vital líquido y va a llegar un momento en que esta desesperación va a degenerar en situaciones de violencia que nadie quiere.

No es con multas ni jurisdicción coactiva como se van a recuperar los $89 millones que deben los usuarios morosos. Aparte de eso, resulta absurdo que mensualmente lleguen los recibos a las residencias donde no llega el vital líquido, ¿Cómo es eso que se pretende cobrar por un servicio que no se está prestando?

Por ello, es muy alentadora la propuesta de la Defensoría del Pueblo, en conjunto con otra defensoría de Centroamérica de elevar el derecho al agua a rango constitucional, con el fin de que los gobiernos tengan un marco normativo en la Carta Magna que les permita fundamentar programas para dotar de agua a los países de la región.

No es buscando excusas ni culpando a la morosidad, que resolveremos el problema del agua, sino trabajando con fe y optimismo.