Derechos humanos

El gobierno de Juan Carlos Varela ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violación de derechos humanos justiciables en perjuicio de ciudadanos a quienes se persigue y encarcela por sus opiniones  políticas, así como por sus amenazas contra medios de comunicación social.

Las denuncias incluyen a abogados de los perseguidos políticos a los que se hostiga e intimida, lo que constituye una acción abusiva en perjuicio de la libertad profesional de los juristas y es una clara violación al debido proceso legal en perjuicio de sus clientes.

También están las denuncias de los presidentes de NEXtv, Riccardo Francolini, y de Editora Panamá América, Ricardo Chanis.

La CIDH inició ayer en Panamá su 159 periodo de sesiones ordinarias, y pese a las denuncias presentadas contra el actual Gobierno por su pertinaz persecución contra los opositores, el tema no figura en la agenda de las sesiones que se realizarán en un hotel de la localidad.

Las sesiones se efectúan tras un aporte cercano al medio millón de dólares que hizo el gobierno varelista ante la crisis presupuestaria que enfrenta esa instancia de la Organización de Estados Americanos.

Lo cierto es que lo que los señores de la CIDH no pudieron pasar por alto fue el clamor de los familiares de los presos políticos, quienes ayer se manifestaron pacíficamente frente al local donde se desarrollarán estas deliberaciones.

Decía el apóstol cubano José Martí, que “Ver un crimen en calma es cometerlo”, ojalá que los delegados del principal organismo protector de los derechos humanos, presten atención al clamor de un amplio sector de ciudadanos, que luchan para que se establezca  en Panamá el imperio de las libertades públicas y el respeto a los derechos humanos.

Es una realidad palpable, el Ministerio Público panameño está politizado y subordinado al poder de turno, de allí la prepotencia, sevicia y ludibrio con el que actúan los fiscales, quienes se creen por encima de la ley.

Hacemos votos para que los señores delegados fijen su vista en lo que está pasando en Panamá y más temprano que tarde incluyan en su agenda las denuncias que se han presentado por violaciones a los derechos humanos.