Descentralización
A mediados de 2009, en las postrimerías del mandato del expresidente Martín Torrijos, se aprobó una ley sobre la descentralización de los gobiernos locales para que se permitiera el desarrollo de los mismos. Como era de esperarse, la siguiente administración suspendió la implementación de semejante medida, ante las sospechas de que era una forma de restar poder al Ejecutivo y que venía un golazo político.
Ahora, el gobierno de Juan Carlos Varela ha retomado la iniciativa de la descentralización, claro, en medio de la coyuntura de que algunos diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) se han cuadrado con el poder de turno para evitar ser investigados en el Ministerio Público o la Corte Suprema de Justicia por manejo de las partidas circuitales. Para nadie es un secreto que muchos "padres de la patria" realmente controlan alcaldías y corregimientos, los cuales se beneficiarán de la entrada de recursos económicos con la nueva normativa.
Pero una cosa es hablar de una alcaldía como la capitalina, que maneja más de cien millones de dólares anuales, frente a la de Kusapín, allá en la comarca Ngäbe-Buglé, que apenas recibe ingresos propios de su gestión municipal. De allí que el articulado reformado a la ley presentada en 2009 busca retribuir entradas adicionales al presupuesto de los alcaldes y representantes de corregimiento en el resto de las provincias o comarcas indígenas, algunas de difícil acceso e inmersas en extrema pobreza.
Ante esto, ahora salen a relucir propuestas para la búsqueda de nuevos ingresos en los municipios, como una ley de reavalúos a las propiedades particulares, lo cual elevaría los impuestos en los gobiernos locales. Quien más se ha levantado contra esta iniciativa es la actual dirigencia del PRD y, sobre todo, la diputada Zulay Rodríguez, que recientemente debatió en TV con el alcalde capitalino, José Blandón Figueroa, acerca del tema.
Preocupante es dar millones de dólares, a través de la nueva ley de descentralización, a las alcaldías y corregimientos sin siquiera haber una verdadera consideración en el manejo de las prioridades de cada una de las comunidades. El poder económico que antes administraban los diputados en sus circuitos, hoy se trasladará a funcionarios electos humildes que, seguramente, serán el nuevo centro de atención política. ¿Tendrán las autoridades fiscales la capacidad de administrar óptimamente el uso del presupuesto de cada uno de los 77 distritos y 655 corregimientos de la República?
El tiempo dirá si la ley de descentralización ayudará al progreso de las comunidades o se convertirá en una caja de Pandora, abriendo las puertas a nuevas formas de corrupción desmedida. Larga vida y prosperidad para todos. Saludos, amigas y amigos…