Despidos

A pesar de que el mandatario Juan Carlos Varela lo ha negado, muchos son los comentarios sobre despidos en una serie de instituciones gubernamentales, que se han dado luego del rechazo por parte de la Asamblea Nacional de las candidatas del Ejecutivo para ocupar cargos de magistradas en la Corte Suprema de Justicia.

Lo cierto es que la decisión de separar a servidores de la administración pública conlleva importantes consecuencias políticas para la autoridad nominadora, una de las cuales es que agudizará la situación de crisis social y desempleo por el que atraviesa el país.

En un año preelectoral, tal decisión es totalmente inoportuna y carente de sensibilidad humana, lo que nos retrotrae a décadas pasadas en las que el cargo público era un botín político manejado a su antojo por los partidos de turno en el poder.

Más grave aún, el hecho de que no se estaría cumpliendo con la ley al momento de implementar esta medida extrema, ya que la administración de Ricardo Martinelli dejó leyes como la Ley 127 del 31 de diciembre de 2013, que crea un régimen de estabilidad laboral para servidores públicos, lo que evita que estos puedan ser despedidos sin causa justificada, entre otros derechos que otorga.

Creíamos superadas estas políticas de despidos caprichosos y la utilización del funcionario como carne de cañón. Tales medidas atentan contra la estabilidad del sufrido servidor.

Es hora de que instituciones defensoras de derechos humanos investiguen sobre los despidos y sus causales, ya que la permanencia del funcionario debe basarse en su capacidad, probidad y necesidad, y no en los caprichos de los gobernantes de turno.