El derecho a la salud

Los censos de salud preventiva que se están llevando a cabo en diferentes puntos de la geografía nacional han dejado al descubierto la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en un alto porcentaje de ciudadanos, quienes libremente han elegido estilos de vida no saludables, los que posteriormente tienen un costo en su salud.

El problema es: si estos panameños, que pueden cambiar sus hábitos de vida, no lo hacen, ¿qué podemos esperar de aquellos que por estar privados de su libertad, ya sea por condena en firme o preventivamente, no reciben la atención médica adecuada?

Los detenidos no han dejado de ser seres humanos, por consiguiente, tienen el derecho a recibir la debida atención médica en los centros penitenciarios.

Empero, la cruda realidad es que estos centros no cuentan con el mínimo de insumos, medicamentos, recursos humanos y tecnología que aseguran al preso una atención médica mínimamente de calidad.

Es un hecho que el ciudadano que llega sano a una prisión, con el tiempo se enferma, porque producto del estrés continuo se bajan las defensas. Al que está enfermo, con la reclusión se le agravan sus males. Ya se han dado casos de presos que mueren de infartos, cáncer, que padecen de hipertensión arterial, diabetes y otras dolencias sin ser tratados adecuadamente.

Tal situación es una violación flagrante al derecho humano a la salud y debe ser corregida, porque con ella se incurre también en la violación al sagrado derecho a la vida.

Que no se vea como una “viveza”, como decimos en buen panameño, que los abogados de los reclusos soliciten medidas cautelares distintas a la detención provisional o depósitos domiciliarios, ya que la triste realidad es que nuestras cárceles son ergástulos y antesalas del infierno por falta de recursos en materia de salud penitenciaria.