Escandaloso informe actuarial de la Caja del Seguro Social

He tenido acceso al informe de la Junta Técnica Actuarial de la Caja del Seguro Social presentado a la Junta Directiva y al poder ejecutivo.

Ya en la primera página se observa un exabrupto porque el artículo 218 de la Ley 51 establece que la Junta Técnica Actuarial debe presentar un informe a la Junta Directiva no al poder ejecutivo. Tendrían que definir los abogados si esto es extralimitación defunciones aunque la Junta Directiva tan celosa de su autonomía no dice nada sobre esto.
Pero esto es lo de menos. El informe en su resumen ejecutivo inicia advirtiendo que “este informe se preparó en base a los Estados Financieros de la Caja de Seguro Social de 2018 no auditados por la Contraloría General de la República”.
Si el gerente del departamento de finanzas de una empresa me presenta un análisis de los Estados Financieros advirtiendo que no quisieron ser firmados por los auditores yo los despido ipso facto. Si mis estudiantes presentan un análisis de las finanzas de una empresa sin ser auditados los califico con una F.
Estos estados financieros son de 2018, hace más de dos años. Lo primero es que la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social formada por cinco representantes del sector laboral, tres representantes de los empresarios, un jubilado y tres del gobierno debieron de inmediato preguntar al Contralor quien está sentado en esa Junta Directiva las razones por las cuales no se han firmado los Estados Financieros. No puede ser falta de tiempo porque se trata de Estados Financieros de 2018. Cuáles son las irregularidades? Luego la Junta Directiva debe ordenar la presentación y publicación del informe de los auditores de la Contraloría que se negaron a firmar los Estados Financieros.
Pero esto no es todo. Según el resumen ejecutivo de los actuarios entre 2006 y 2018 se contabilizaron “erróneamente” las cuotas del XIII mes que corresponden al sistema mixto en el sistema solidario. O sea desde que se aprobó la ley hace más de 15 años se vienen registrando mal y nadie en la junta directiva, ningún actuario, ningún director del Seguro Social se percató hasta ahora.
Pero esto no es todo. Según el mismo informe debido a la implementación de los sistemas Safiro, Sap y Sipe se registran ingresos por inversiones artificialmente por entre 114 millones y 241 millones. Primero el error en el registro de 127 millones de dólares y luego que los actuarios hagan un cálculo con un margen de error de 52%. Me imagino un auditor que calcule un error en la utilidad de 52%.
Pero eso no es todo, lo que viene es más escandaloso. El informe actuarial presenta un resumen de fallas en la base de datos que toman para hacer su propuesta paramétrica. Veamos estas joyas.:
Aparecen registrados 116,305 asegurados que se desconoce el año en que se inscribieron. Pueden haberse inscrito hace un mes o hace 30 años. Esto representa el 10% de los registros.
Hay 1,505 cotizantes del sistema mixto con mas de 275 cuotas. Esto son 23 años de cotización. No tendría que ser escandaloso si no fuera porque este sistema nació en el 2006 por tanto estos asegurados se inscribieron 9 años antes que existiera el sistema o bien se les están asignado cuotas que no han pagado.
Hay 111 cotizantes en el Sistema Solidario con más de 612 cuotas pagadas. Esto es que han pagado 51 años de cuotas y no se ha jubilado.
Pero eso no es nada. Según los actuarios hay cotizantes que tienen más de 120 años y no se han jubilado. Repito más de 120 años.
Hay 2,874 cotizantes que no se tiene la menor sospecha de cuando nacieron.
Hay 5,851 cotizantes mayores de 70 años que no se han jubilado
Aparecen 8,405 cotizantes en el Sistema Mixto que tienen más de 55 años cuando nadie mayor de 35 años en el 2007 podía están en este sistema.
Hay 4,840 cotizantes en el sistema solidario con menos de 27 años. Para que esto ocurra tenían que inscribirse en el Seguro Social a los 12 años de vida.
Pero si esto sorprende más sorpresa causa que según el informe actuarial en este momento hay en el Seguro Social 4,840 cotizantes que no han cumplido 15 años lo que significa que el Seguro Social está promoviendo el trabajo infantil.
Pero de todo este escándalo lo más indecoroso es que luego de mostrar este desgreño en Estados Financieros que la Contraloría no ha querido firmar luego de dos años trascurridos, los flamantes actuarios pagados por nuestras cuotas proponen campantes un ajuste en la cuota obrero patronal hasta del 18.5%, una edad de jubilación hasta de 67 años y una reducción en los pagos a los jubilados de hasta 20% menos de lo que hoy reciben, aunque afirman que es una solución temporal de 15 años.
Como economista, con una maestría en Finanzas, sé que estos exabruptos en los registros de asegurados deben tener consecuencias financieras muy graves. Si algo tan evidente como el registro del XIII mes en el sistema equivocado ha durado 15 años es indudable que una entidad con una sobrecarga de decisiones políticas, con miles de funcionarios sin funciones, esto es la punta del iceberg.
Una empresa con activos por $10,619,801,714 en el año 2018, con ingresos de $2,996,796,285 y pagos por $3,316,605,762 al año, con errores tan elementales y absurdos, debe tener situaciones muy graves al momento de estudiar aspectos financieros que ya no tienen que ver con la Junta Técnica Actuarial y que sospecho que tienen relación con que la Contraloría se ha negado a firmar su auditoria.
Ante este informe que presenta la evidencia de un manejo desordenado de esta institución del pueblo panameño me sorprende que ni la Junta Directiva ni ninguno de sus miembros haya denunciado este escándalo.