Guerra mediática

Un elemento básico en toda sociedad democrática es la libertad de expresión que se extiende a la libertad de prensa.

Es por ello que no debe de extrañar que los procesos judiciales, cuyo escenario natural es el estrado judicial, hayan trascendido a los medios de comunicación, como si el litigio ante los medios tuviera algún efecto en la decisión final del proceso.

Entonces, la pregunta obligada es ¿por qué los litigantes van a los medios de comunicación a exponer sus casos?

Simple y sencillamente porque nos encontramos en una guerra mediática entre los funcionarios de instrucción y los abogados defensores, lo que naturalmente no debería ser, ya que en la etapa sumarial hay reserva del expediente y el agente instructor no tiene por qué estar dando opinión o información sobre la marcha de los procesos.

La norma es clara al señalar que el funcionario debe de guardar reserva del sumario, la revelación de las interioridades del proceso pudiera ser punible en la medida que el agente de instrucción facilite la información o permita que los subalternos la deslicen a los medios.

Lo triste de esto es que se crea un clima de inestabilidad, se vulnera la presunción de inocencia al hacer ver como presunto culpable al imputado y se da lo que se conoce como “linchamiento mediático”.

La pregunta obligada es ¿quién resarce al sujeto que es declarado inocente con posterioridad, en sentencia en firme que hace transito a cosa juzgada?

Consideramos que los que van a los medios a pleitar es porque no tienen argumentos jurídicos de peso para sostener su defensa, igualmente aquellos funcionarios que deslizan copias de indagatorias a los medios abusan de su función y delinquen al poner en manos del público material reservado.

Los periodistas no. Ellos tienen el deber y la obligación de informar, por lo que no delinquen al publicar estos documentos oficiales.