Impunidad y persecución

La retención de que fue objeto ayer el excandidato presidencial del opositor partido Cambio Democrático (CD), José Domingo Arias, por parte del Ministerio Público, confirma una vez más que ese ente investigador, de investigador no tiene nada y, por el contrario, se ha constituido en un brazo complaciente de la persecución política.

Decimos esto toda vez que existen señalamientos claros y directos que dan cuenta de que personajes del actual gobierno se habrían beneficiado con fondos de la constructora Odebrecht, pero los fiscales no han hecho ninguna diligencia tendiente a enviar estas declaraciones como “notitia criminis” a los entes funcionalmente competentes para investigar, que son la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia.

No es posible que los dichos de Ramón Fonseca Mora, examigo de Varela, exministro consejero y expresidente encargado del gobernante Partido Panameñista, queden en el aire, tampoco es posible que las declaraciones del exoperador financiero de Odebrecht Rodrigo Tacla Durán queden sin ser investigadas.

Como si fuera poco, y en abierta burla al pueblo panameño, los panameñistas procesados por delitos, llámese Bosco Vallarino o el falso médico Grimaldo Córdoba, andan por allí tan campantes como si fueran unos intocables.

Peligroso para la democracia es cuando el ente investigador del delito se convierte en el brazo represor del gobernante de turno.