Incapacidad

No bien han pasado 24 horas desde la captura de Enrique Jaén Chérigo, señalado como el presunto responsable de la muerte en una colisión de tránsito de la ciclista Mónica Licona, cuando ya se empiezan a filtrar versiones extraoficiales de que el sujeto va a ser enviado a Punta Coco, un penal que se promovió como un centro de reclusión de reos de alto perfil.

De ser cierto tal designio, se vendría a confirmar lo que muchas voces autorizadas han señalado y es que el país no tiene una verdadera política criminal, para hacerle frente a la delincuencia rampante que se ha tomado el país ante la incapacidad de las autoridades, llamadas a perseguir al delito.

Hace poco, voces de diputados se hicieron sentir en la Asamblea Legislativa, pidiendo la renuncia de los actuales ministros de Seguridad Pública y Gobierno. Al margen de que estos funcionarios no han estado a la altura de sus responsabilidades consideramos que el problema va más allá de simples renuncias.

Sencillamente, Varela no tiene políticas públicas de seguridad integral. Barrio Seguro no ha sido efectivo, la existencia de penales al margen de la ley, como Punta Coco, es una violación a los derechos humanos de cualquiera que sea llevado allí, al margen del delito cometido.

Si se quieren pruebas de la incapacidad gubernamental en materia de seguridad, nada más hay que mirar a la Cárcel de La Gran Joya, construida bajo la administración anterior, que tiene capacidad para cinco mil privados de libertad.

Allí esta esa cárcel que se deteriora, porque el gobierno ha sido incapaz de ocuparla.

No nos extrañaría que mañana algún "brillante" funcionario pida mandar a Punta Coco a los 10 institutores detenidos bajo la absurda acusación de terrorismo.