Opinión

Iniquidad sin límites

Si todavía quedaba un asomo de dudas entre la opinión pública nacional sobre el carácter político de los expedientes que instruye el Ministerio Público, el caso del periodista y abogado Julio Miller, sin duda alguna, confirma que existe un prurito intimidatorio en el ánimo de ciertos fiscales y ¡ay de quien caiga en esas garras!

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, compuesto por tres magistrados, por voto mayoritario anuló la diligencia indagatoria, a que fue sometido el comunicador social y abogado, al que luego, por orden de la fiscal Zuleyka Moore, le decretaron la detención preventiva, sustituyéndosela posteriormente por otra medida menos severa, pero igual de rigurosa.

¿Qué significa esa nulidad?, simple y sencillamente, que nunca hubo un delito por el cual se pudiera vincular válidamente a Miller, simple y sencillamente la fiscal de la causa, obediente botones del poder político de turno, le encasquetó al periodista un delito inexistente, tal como lo determinaron los magistrados.

La indagatoria tiene como presupuesto, la existencia de un hecho punible, si no existe tal hecho, tenemos que concluir que al popular presentador del recordado programa “Encontremos Soluciones”, lo que le hicieron fue una maldad.

¿Pero a qué se debe tanta sevicia?, simple y sencillamente, a que Miller, sin ser miembro de ningún partido opositor, se constituyó en un crítico de la actual administración a través de su programa de radio, donde puso al descubierto la incapacidad y el desgreño gubernamental.

Pese a que Julio Miller está libre de la injusta acusación, muchos se preguntan ¿quién pagará por el daño hecho a su salud, a su imagen profesional y personal, al lucro cesante y daño emergente que se le causa al tenerlo encerrado impidiendo así que se ganara la vida y produjera ingresos?

Definitivamente que esta es una cuenta más del rosario de iniquidades que se vienen cometiendo contra panameños cuyo único delito es no comulgar con la actual administración, pero el 2019 está cerca y los verdugos deberán responder ante la ley por su presente latrocinio.

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