Mandadero

A estas alturas, no cabe la menor duda para la ciudadanía de que lo que pretende el gobierno actual con el expresidente Ricardo Martinelli es inhabilitarlo políticamente para que no pueda aspirar a algún cargo de elección popular en los comicios de mayo de 2019.

De allí la evidente desesperación de llevarlo a los estrados de un desacreditado Sistema Penal Acusatorio, con el fin de provocar en el menor tiempo posible una condena que lo inhabilite electoralmente.

Tal como ha señalado el abogado Sidney Sittón, la puñalada matrera contra Martinelli parece contar ahora con la complicidad del presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Tony Raful, quien con el argumento de que la nota de denuncia de Martinelli no fue presentada mediante apoderado legal, se la echaron para atrás, dizque para que subsanara la pretendida deficiencia.

La verdad es una, el propio reglamento interno del Parlacen es claro al señalar, en el artículo 28, que las renuncias de los diputados que llegan a esa posición por su condición de exmandatarios deben hacerlo por escrito a la junta directiva y esta a la vez lo presenta a la asamblea plenaria para su conocimiento.

Sittón ha sido claro al endilgarle a Raful el triste papel de mandadero de los intereses políticos que desde Panamá petardean a Martinelli y buscan a toda costa inhabilitarlo mediante una apresurada condena para que no participe en las elecciones de 2019.

Está claro que quieren mantener a toda costa al expresidente dentro de la órbita de competencia del pleno de la Corte Suprema, que con su actuar le ha violentado claras garantías constitucionales y legales al exmandatario. Ya Martinelli renunció al Parlacen, por lo tanto, su caso debe pasar a la justicia penal ordinaria; negarse a aceptar la renuncia en debida forma y fondo es ser cómplices de sus verdugos.