¡Necedad!

El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, insiste en buscar mecanismos de coerción hacia los medios escritos, usando como pretexto la Ley 82 de 24 de octubre de 2013, que tipifica el feminicidio y dicta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres.

El funcionario anunció que será la jurisdicción civil la encargada de establecer las responsabilidades de los medios a través de multas.

Se trata, como dice el refranero criollo, de “la misma jeringa con diferente pitongo”, ya que al final lo que se busca es establecer algún tipo de control sobre el contenido de lo que sale publicado en los medios de comunicación.

Las multas a discreción de jueces civiles, además del costo económico que conllevan para un medio de comunicación, buscan estigmatizar a la publicación, restándole credibilidad ante sus lectores. Esas medidas son atentatorias a la libertad de prensa e imponen una forma de censura previa intolerable en un sistema democrático.

Lo que buscan con estas amenazas de multas, previstas en el artículo 70 de la mencionada ley, es provocar que los medios se autocensuren y que por temor se inhiban de publicar contenidos que “ofendan”.

En un Estado de derecho, basado en el principio de legalidad, no se puede andar creando leyes que enreden aún más la “maraña legislativa”, al decir del jurista chileno Eduardo Novoa Monreal en su libro “El Derecho como Obstáculo al Cambio Social”.

En el caso que nos ocupa es una realidad que los medios de comunicación no están por encima de la ley, cualquier ciudadano que se sienta ofendido o molesto puede recurrir a los estrados legales en sede administrativa, penal o civil.

Por ello, querer penalizar con multas e investigaciones subjetivas, no puede tener otro propósito más que amedrentar y disminuir la función social y de denuncia de los medios de comunicación social formal. Y al incontrolable mundo cibernético que desplaza cada día más a los medios tradicionales, ¿quién y cómo lo pretenden controlar?