No a la persecución

Una eventual privación de la libertad a la presidenta encargada del opositor partido Cambio Democrático (CD), Alma Cortés, sería no solo un disparate jurídico, sino la confirmación de lo que ya todo el país ha percibido: la utilización de organismos funcionales del Estado, como el Ministerio Público y la dirección General de Ingresos (DGI),  para amedrentar a opositores al actual gobierno.

Cortés no solo es la presidenta encargada del único partido de oposición en el país, sino que  también encabeza el equipo de abogados que ha asumido la defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli, al que se le han montado un sinnúmero de procesos legales  amañados.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID), de la cual Panamá es parte, conminó al Gobierno a que diera un informe sobre las medidas de protección que se han implementado frente a la denuncia de persecución política hecha por Cortés y otros abogados ante el organismo.

Si la opinión pública observa con cuidado, Panamá parece caminar hacia un gobierno autoritario, perseguidor de opositores. No es que Cortés esté por encima de la ley, porque no lo está, pero la prueba de que existe persecución es que solo a los del CD les caen con auditorías tributarias y denuncias, mientras que a los amiguitos y amiguitas del régimen pillados en la trampa les dan base por bolas.

Igual suerte tienen los medios críticos a los detentadores del poder, sobre cuyas cabezas penden amenazas de intervención, multas y cierre por no ser complacientes con los gerifaltes de turno.

Un gobierno que no tiene oposición, porque está encarcelada o el exilio, que no cuenta con medios que critiquen su gestión, ¿qué es?, ni más ni menos una dictadura. ¡Tengámoslo claro!

Ojo: como decía el difunto presidente Endara, “el mundo nos mira”, si Varela, ante su incapacidad, levanta la bandera de la intimidación, le saldrá la bruja porque el pueblo no quiere dictaduras ni de ruda bota militar ni de fino “Florsheim civil”.