País en ‘derecho’ con una Constitución Nacional muy torcida

El 2 de marzo de los corrientes asistimos invitados por el Lic. Francisco E. Conte M., director de organización electoral de Coclé, a una de las jornadas de capacitación sobre las reformas electorales. La capacitación fue magistral.

De la cita salí bien informado, pero más precavido que cuando me aventuré a presentar los papeles para precandidato independiente. Me quedó claro que la Constitución de la República, tal como está, grita a grandes voces que la contienda electoral podría ser un calvario corto, pero muy peligroso para los aspirantes independientes que se atrevan a impugnar a los funcionarios que pretenden reelegirse, pues las leyes y la plata están a su favor.

Está claro que si nos basamos en el derecho, el TE no podrá evitar candidatura de delincuentes si no están procesados antes. A estas alturas del partido, temo que los 22 fiscales del MP podrán enviar a juicio a quienes necesitan reelegirse para sus fueros, aun estando embarrados con los 247 millones de dólares que anuncian los diarios que se lavaron en municipios y juntas comunales.

Una de las interrogantes fue por las fianzas aumentadas esta vez, como evidente cerco protector a favor de la delincuencia organizada en la política panameña.

Quién en su sano juicio va a tirar a la basura el producto del sudor de su frente para impugnar aun con pruebas a sujetos protegidos por unas leyes hechas a la medida. La intimidación casi terrorista y amenazadora se basa en robarte 2,000.00, 25,000.00 en fianzas como te atrevas a denunciar y pueda que hasta por escuchar los comentarios que abundan.

La segunda pregunta fue sobre la veda política. Una veda política en la que únicamente los dispuestos a reelegirse pueden asistir orondos a las inauguraciones de obras hechas con nuestros impuestos. Esto autoriza a los políticos a endulzarnos con una servida de caña picada en un futuro no muy lejano.

La tercera interrogante ya la habían hecho, pero este llegó tarde de la montaña. El despistado preguntó si los funcionarios electos mencionados en las decenas de cajetas auditadas por la Contraloría correrían como candidatos. Estamos en un país de derecho y si no están procesados debidamente, bien pueden participar en las elecciones de mayo de 2019.

Solo me conforta que sé que en el MP ya no hay secretarias que escriben a máquina con dos dedos. Y que por eso podrían quedar varios “errones” por fuera de la contienda electoral.