Peritaje

Si existe un dictamen de los galenos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), que recomienda que se le otorgue una medida cautelar distinta a la detención preventiva, a la empresaria Poulett Morales, ¿como el Ministerio Público no accede a ello?

En otras circunstancias y tratándose de otros detenidos, la recomendación de los médicos del IMELCF hubiera sido seguida, ya que ellos son los peritos del Estado, y su recomendación está basada en un análisis objetivo, no en intereses de parte.

En este tipo de situaciones, el Código Judicial destaca el papel fundamental del perito, el cual da luces al funcionario de instrucción o al juzgador, sobre materias que no son parte de su formación y conocimiento profesional.

Cuando el peritaje del juzgado o del Ministerio Público arroja una conclusión, lo que está haciendo es informar al funcionario, del curso de acción de un hecho, para que este, en consecuencia, tome una decisión.

Si el médico recomienda depósito domiciliario a un reo, es porque su vida corre peligro si continúa detenido. Es por ello que el agente instructor debe confiar las experticias del perito oficial.

No hacerlo es poner en riesgo la integridad física, e incluso la vida del detenido.

Es aquí donde se revela el designio cuasicriminal de la máxima autoridad del Ministerio Público, que se niega a escuchar la voz de su propio experto.

Pareciera absurda tal postura, pero no lo es, ya que forma parte de una consigna que es la de quebrar la voluntad de los presos, exfuncionarios de la anterior administración.

La idea es usarlos para acusaciones infundadas unos contra otros, como bien lo denunció en su momento Ignacio Fábrega, al que le prometieron -y no le cumplieron- una pena leve en su caso si acusaba al expresidente Ricardo Martinelli.

Los detenidos que siguen firmes a sus principios sufren el encierro, sin que se les valoren sus descargos.