Perversión

Hace unos meses atrás publiqué una serie de artículos (seis para ser exacto) sobre la administración de justicia en Panamá. La quinta entrega de esa serie de artículos tiene el título: EL CUCO DE LA SALA QUINTA. En este artículo escribí: “Es evidente que se necesita un Tribunal de Garantías Constitucionales, que por lo menos debería ser una Sala Quinta”, como un paliativo a la mora judicial en Panamá.

La reacción de un prestigioso abogado a mi propuesta de crear una Sala Quinta fue: “Mientras uno solo de los que regentan la Corte y el MP siga despachando, en Panamá jamás tendremos justicia”.

La administración de justicia panameña es una de las peores evaluadas del planeta por carecer de independencia judicial, dicho esto por el Foro Económico Mundial conforme lo señala el Índice de Competitividad Global 2015. Pero esta apreciación sobre nuestra justicia también la comparten organizaciones serias como la Alianza Ciudadana Pro Justicia, al señalar que la situación de la independencia judicial en Panamá es absolutamente precaria. Los temas más importantes en este sentido son el nombramiento de los magistrados de la Corte por el presidente de la República, y consecuentemente la sumisión de los magistrados al Ejecutivo. Y, como corolario los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no están sujetos a Carrera Judicial.

Las evaluaciones a la administración de justicia demuestran “debilidades en los temas de independencia judicial, acceso a la justicia, transparencia y rendición de cuentas, así como también en la estructura organizacional, tanto judicial como administrativa”. Y estas debilidades, que más bien son falencias programadas, son las que permiten que permee la corrupción en favor de los que tienen dinero y/o poder político. Y es que, la mora judicial injustificada favorece y promueve dentro del sistema de justicia la instauración de intermediarios que tienen la llave para agilizar y comprar sentencias favorables a quienes pasan por la taquilla.

La mora judicial es un mal que empieza en la Corte, y que guarda relación directa con la falta de fiscalización a la que deben estar sujetos los magistrados, lo que nos lleva a la pregunta: ¿QUIÉN FISCALIZA A LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE?