Proyecto de prisión para el evasor sería utilizado políticamente
La precandidata presidencial y diputada Zulay Rodríguez advirtió que el proyecto para convertir la evasión fiscal en delito será una arma de persecución política que utilizará el Gobierno para extorsionar y chantajear a sus adversarios políticos.
El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto que contempla prisión de entre 2 y 5 años a los que incurran en defraudación fiscal igual o superior a $300 mil.
La opositora Zulay Rodríguez advirtió que “ahora si el Ministerio Público no encuentra cómo armarte un expediente falso o incorporarte pruebas falsas y maquilladas porque no hiciste negocios con el Gobierno ni tienes familiares trabajando en el Gobierno ni tampoco has hecho ningún negocio, negociado ni pagado coimas ni sobrecostos, encontraron la solución perfecta para inhabilitarte: penalizarte y encarcelarte con contadores pagados de la planilla estatal, que responden al Gobierno de turno”.
Rodríguez advirtió que “todos sabemos que la calificación de un delito lo realiza un tribunal de justicia, pero ahora un Tribunal Administrativo Tributario (TAT), que responde al Ejecutivo, calificará si existe o no defraudación fiscal para que el Ministerio Público investigue”.
Además sostuvo que solo se podrá apelar ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte, también controlada por el Ejecutivo
La opositora adelantó que en una Asamblea Nacional cuyo 92% responde al Ejecutivo, no cabe duda de que pasarán ese proyecto que pretende imponer que los delitos tributarios o fiscales sean precedentes de los delitos de lavados de activos, y así la TAT calificará a panameños como si fueran jefes de organizaciones criminales.
“Al final, como decía mi abuelita: “Buena es la justicia, sino la doblara la malicia”, como en Panamá donde la ley se aplica selectivamente a los competidores, adversarios y enemigos políticos, y de pronto, si realmente encuentran uno que otro responsable, serán los peces flacos porque los peces gordos, sus amigos y su círculo 0 no los alcanzará la justicia”, aseveró.
El proyecto en cuestión surgió de una Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva integrada por Isabel Saint Malo de Alvarado, Rolando López Pérez, Adolfo “Beby” Valderrama, Dulcidio De La Guardia, Álvaro Alemán Healy, Kenia Porcell, Ricardo G. Fernández y Humberto Brid.