Torquemadas

En aquellos países en que la administración de justicia se ha politizado, los resultados han sido nefastos para los ciudadanos que ven frustradas sus esperanzas de que sus reclamos, reales o sentidos, sean satisfechos por un órgano imparcial, superior a los litigantes.

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad de un expediente por haber sido tramitado fuera de tiempo, por el agente instructor ha generado una algarabía en los Torquemadas modernos, que pedían rabo y oreja en la figura del exministro de Seguridad, José Raúl Mulino.

Pero la realidad sea dicha: la nulidad es la sanción del ordenamiento jurídico a la inobservancia de las reglas de procedimiento, contenidas en la ley adjetiva.

Lo que hace moralmente superior al agente de instrucción es la buena fe procesal al momento de instruir el sumario. Si actúa de mala fe, con negligencia o dolo procedimental, lo lógico es que el juez al momento de calificar el sumario, lo haga observando las fallas y dictando la consiguiente nulidad.

Un fiscal que juega sucio, que no respeta, es tan bandido como el supuesto delincuente que pretende llevar a los estrados. Decimos nosotros, ¿dónde queda el debido proceso, el principio de legalidad y la presunción de inocencia, ante semejante proceder?

Los organismos de impartición de justicia no son perfectos, pero si los desconocemos, lo que va a imperar es la ley de la selva, donde todo mundo usará y abusará de sus pretendidos derechos sin ningún tipo de control social.

Mejoremos la administración de justicia, depurándola de los corruptos, pero no la destruyamos.