Transparencia

Una funcionaria que ocupa un alto cargo en el Ministerio de Gobierno (Mingob) y que a su vez representa a una sociedad anónima, ha solicitado al Ministerio de Ambiente, una concesión de 107 hectáreas en Isla Caña, en la provincia de Los Santos, para el desarrollo de un complejo turístico. Aquí puede haber un conflicto de intereses.

La sociedad anónima que hizo la solicitud es presidida por Mery Troya Del Cid, directora de Recursos Humanos del Mingob, situación que ha generado suspicacia entre los grupos de ecologistas y defensores del medio ambiente, que se oponen a esta concesión.

Lo cierto es que este tipo de situaciones, lo que hace es reforzar el clima de desconfianza pública que siente la sociedad panameña ante sus autoridades, por acciones que denotan falta de transparencia.

En esa misma dirección, un grupo de la llamada sociedad civil ha cuestionado  el nombramiento en un cargo público en el Gobierno central de la hija de un magistrado de la Corte Suprema

Sin duda que la  hija del magistrado  tiene toda la preparación académica para el cargo, pero los grupos que cuestionan su designación la atacan por el cargo que ostenta su padre.

 En la administración pública los nombramientos deben darse con base en los méritos y no por favoritismo. Si la hija del magistrado cumple con los requisitos para el cargo y no se violan disposiciones legales en esa designación, bien por ella. Pero hay que ser la salvedad de que solo se ataca a la hija de Cecilio Cedalise, pero en los altos cargos del Ministerio Público se produce igual situación y la denominada sociedad civil no lo cuestiona. ¿Doble rasero?

En todo caso, no se pueden promover acciones que a la luz de la percepción pública denoten favoritismo o influencias, ya sea en las designaciones de cargos en la burocracia estatal y en los cuestionamientos que se hacen. La regla debe ser igual para todos.