Tratados: letra muerta

Cuando el abogado querellante Ángel Álvarez solicitó que se realizara la imputación de cargos al expresidente Ricardo Martinelli, para evitar una nulidad del proceso, inmediatamente le cayeron a piñazos los enemigos declarados del exmandatario.

Empero, los señalamientos del jurista que representa a supuestas víctimas de los llamados pinchazos por los que se sindica a Martinelli responden a un principio fundamental de derecho, que es la observancia estricta del debido proceso legal, consagrado en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos.

Por ello, es sumamente peligrosa para la democracia la actitud que asume el magistrado de “garantías” Jerónimo Mejía al negar estas y otras consideraciones plasmadas en convenios internacionales, toda vez que el mensaje que se manda a la comunidad internacional es que el Estado panameño no respeta los tratados que firma.

Tal inconducta es propia de los regímenes dictatoriales, que viven a espaldas de la comunidad internacional e ignoran los instrumentos jurídicos que garantizan la convivencia pacífica entre Estados.

Si Panamá no respeta la Convención de Viena sobre los Tratados, la Carta constitutiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen), la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y toda una pléyade de convenios y tratados, que son ley de la República, entonces estamos ante una dictadura arbitraria, ni más ni menos.

La Constitución es clara al decir que Panamá acata las normas de derecho internacional, pero esto es letra muerta para Jerónimo Mejía, quien parece que obedece consignas políticas contra Martinelli a contravía de la ley y el derecho.