Tsunami político

Proporciones guardadas, las declaraciones del abogado brasileño Rodrigo Tacla al diario español El País constituyen un tsunami político, similar al que en su momento provocó el excoronel Roberto Díaz Herrera, cuando acusó de todo al entonces hombre fuerte de Panamá,  Manuel Antonio Noriega.

Tras la denuncia de Díaz Herrera se inició la formación de un movimiento denominado Cruzada Civilista Nacional, que luchó en las calles contra la dictadura militar, que se quedó sin piso ni techo político y, al final, fue pulverizada por los bombazos norteamericanos.

Los señalamientos de Tacla –parte del equipo de sobornos de Odebrecth- son serios y ponen al descubierto la justicia selectiva de la que ha hecho gala la Procuraduría General de la Nación.

Los dichos del abogado Tacla explican por qué el Ministerio Público panameño se ha negado a hacer pública la lista de los supuestos investigados panameños por el escándalo Odebrecht.

También se confirma la versión de Fernando Migliaccio da Silva, de que altos cargos de Panamá fueron presionados por ejecutivos de Odebrecht para que no atendieran los requerimientos de asistencia judicial preveniente de Brasil.

Si Kenia Isolda Porcell quiere salir por la puerta grande, debe tomar los dichos de Tacla como “notitia criminis” y abrir una investigación, tal como ha sido su actuar cuando medios aliados al varelismo publicaban reportes contra funcionarios del anterior gobierno.

Se equivoca el varelismo al insinuar que el gran problema que se les viene encima se resuelve culpando a un Martinelli detenido y a su defensa, de sembrar la noticia que publicó El País. El que aquí en Panamá, el Consejo de Seguridad prepare los paquetes “informativos que llegan a las redacciones de periódicos y televisoras, no significa que el influyente diario español se preste para similares acciones.