Detienen a hombre por presunto fraude de más de $21 millones contra la DGI
Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que el caso se remonta a 2023, cuando el imputado presuntamente actuó como representante legal y beneficiario de una empresa que, según la investigación, era inexistente.
Un ciudadano quedó en detención provisional luego de ser imputado por su presunta vinculación con una red que habría generado créditos fiscales ficticios y provocado un perjuicio al Estado panameño superior a 21 millones de dólares.
La decisión fue adoptada este jueves 17 de septiembre por la juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García, quien imputó al ciudadano los delitos de corrupción de servidores públicos, falsedad documental, delincuencia organizada y blanqueo de capitales, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que el caso se remonta a 2023, cuando el imputado presuntamente actuó como representante legal y beneficiario de una empresa que, según la investigación, era inexistente.
De acuerdo con los elementos presentados ante el tribunal, el acusado habría actuado junto con otras personas para manipular el sistema utilizado para la generación de créditos fiscales. Entre los involucrados figurarían exfuncionarios de la DGI, según la información expuesta durante la audiencia.
La Fiscalía argumentó que la gravedad de los delitos y la magnitud del supuesto perjuicio justificaban mantener al imputado privado de libertad mientras avanzan las investigaciones.
La juez García consideró que existían riesgos de fuga, de afectación de pruebas y para la sociedad, además de elementos de convicción que, a su criterio, sustentan la investigación. También tomó en cuenta que la carpeta cuenta con información sobre una presunta estructura integrada por varias personas.
Antes de ordenar la detención provisional, el tribunal legalizó la aprehensión del ciudadano y dio por presentada la formulación de cargos sustentada por el fiscal Mario Mosquera.
La medida cautelar fue solicitada por la fiscal superior Elizabeth Carrión, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo del abogado particular Moisés Lezcano.
La investigación continúa para determinar la participación de las demás personas que, según el Ministerio Público, estarían relacionadas con la presunta operación que habría ocasionado el millonario perjuicio al Estado.
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