Ninis: el ejército que alimenta el crimen
Panamá registra 4.350 denuncias contra adolescentes, pero tiene 252.894 jóvenes que ni estudian ni trabajan. La raíz de la violencia juvenil no está en la calle, está en la exclusión.
Panamá- El sistema penal los ve como delincuentes. El sistema económico los llama "ninis". La sociedad los mira con desconfianza. Pero la estadística fría revela una realidad más incómoda: el país tiene un ejército de jóvenes fuera del sistema educativo y laboral, y ese es el caldo de cultivo perfecto para el crimen. Las denuncias contra adolescentes suman 4,350 en diez meses, una cifra que se concentra en Panamá (1,174), Chiriquí (702), Panamá Oeste (663) y Bocas del Toro (468).
La delincuencia juvenil no aparece de la nada
La criminología sostiene que ningún adolescente se convierte en infractor de un día para otro. Detrás de la mayoría de los casos suelen aparecer factores de riesgo que se acumulan durante años: violencia intrafamiliar, abandono escolar, ausencia de supervisión parental, desempleo, consumo de drogas, pobreza, exclusión social y contacto temprano con grupos criminales. El problema no comienza cuando se comete el delito. En muchos casos comienza mucho antes.
Los delitos que se les imputan a esos 4,350 adolescentes no son menores: 1,572 están relacionados con la libertad e integridad sexual, 875 con la vida y la integridad personal, y 743 con el patrimonio económico. Son los delitos de siempre, los que alimentan la crónica roja. Pero detrás de cada expediente hay un adolescente que, en la mayoría de los casos, no estaba en la escuela ni tenía un trabajo formal cuando cometió el hecho.
El peso de la exclusión
Las cifras del mercado laboral muestran una realidad preocupante para los jóvenes panameños. En agosto de este año la tasa de desempleo alcanzó, entre los 377,733 jóvenes que hay, un 26.3% cuya edad oscila entre los 15 a 19 años, mientras que en el grupo de 20 a 24 años llegó a 22.6%. Además, gran parte de quienes sí trabajan lo hacen en condiciones de informalidad.
Y antes del desempleo, viene la deserción. Las estimaciones basadas en registros del INEC indican que 139,913 niños y jóvenes quedaron fuera del sistema educativo en 2024. En el nivel de educación media, el más crítico, 66,896 jóvenes no lograron matricularse. Los motivos son económicos (32.8% en premedia) y de falta de motivación personal (38.3% en media). La exclusión educativa no es un fracaso individual: es una falla estructural que el Estado no ha logrado revertir.
Cuando un adolescente abandona la escuela y tampoco encuentra oportunidades laborales, queda fuera de los principales espacios de integración social. Es precisamente en ese vacío donde suelen aparecer las pandillas, las economías ilegales y las redes criminales.
El reclutamiento comienza temprano
Los grupos delincuenciales entienden algo que muchas veces pasa desapercibido. Los adolescentes no siempre buscan dinero. Muchos buscan pertenecer a un grupo, obtener reconocimiento, sentirse protegidos o encontrar una identidad. Por eso los reclutadores suelen acercarse a jóvenes que atraviesan conflictos familiares, abandono escolar o dificultades económicas. En varios sectores del país, la estructura criminal ofrece algo que la comunidad, la escuela o la familia no han podido proporcionar.
La evidencia criminológica lo confirma. Un informe del PNUD sobre pandillas en Panamá identificó que la carencia afectiva en las familias, la presión de grupo, la falta de oportunidades laborales y la corrupción policial son factores que empujan a los jóvenes a las pandillas. La Defensoría del Pueblo ha advertido que los niños y adolescentes afrodescendientes tienen un alto riesgo de ser reclutados por pandillas debido a la presencia de estas en sus comunidades.
Los territorios donde más aparecen los casos
Las denuncias relacionadas con adolescentes se concentran principalmente en provincias con una importante población joven. La provincia de Panamá registró 1,174 casos, seguida por Chiriquí (702), Panamá Oeste (663) y Bocas del Toro (468).
No se trata únicamente de un problema policial. También es un fenómeno vinculado al crecimiento urbano acelerado, la desigualdad social y la limitada oferta de oportunidades para miles de jóvenes. No es una coincidencia que las provincias con más denuncias contra adolescentes (Panamá Oeste, Colón, Chiriquí) sean también las que registran las tasas más altas de desempleo juvenil. El sociólogo Olmedo Beluche sostiene que la violencia juvenil en Panamá está vinculada a la desigualdad, el desempleo y la falta de alternativas sociales.
Lo que la estadística no cuenta
Los números muestran cuántos adolescentes llegaron a las fiscalías. Lo que no reflejan es cuántos abandonaron la escuela años antes, cuántos crecieron en hogares marcados por la violencia o cuántos intentaron incorporarse al mercado laboral sin éxito. Tampoco muestran cuántos fueron expuestos desde niños al consumo de drogas, a la presencia de pandillas o a conflictos familiares constantes. La estadística registra el resultado final. La criminología intenta explicar el recorrido completo.
Lo que el Estado hace (y lo que no alcanza)
Los programas de prevención existen, pero su alcance es limitado. La Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (DIPRED), creada por el Decreto 594 de 2020, coordina iniciativas con la comunidad, la familia y el sistema educativo, y promueve la creación de espacios de inclusión social y capacitación para el empleo.
Programas como D.A.R.E. y G.R.E.A.T. se ejecutan en escuelas y colegios para prevenir el uso de drogas y la participación en pandillas. La DIPRED también opera el campamento "Elige tu Vida", que ha impactado a 300 niños y jóvenes en David, Chiriquí.
Pero la brecha entre las 4,350 denuncias y los 252,894 "ninis" demuestra que la prevención aún no llega a quienes más la necesitan. El Estado tiene herramientas legales y programas. Tiene el Plan Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, coordinado por el MINGOB. Pero la magnitud del problema desborda la capacidad de respuesta.
Más allá del castigo
La respuesta tradicional suele concentrarse en capturas, audiencias y condenas. Sin embargo, especialistas en prevención del delito sostienen que la reducción de la delincuencia juvenil pasa también por fortalecer la permanencia escolar, ampliar las oportunidades laborales y trabajar con familias en situación de vulnerabilidad. Castigar al adolescente puede detener un delito. Evitar que llegue a delinquir requiere intervenir mucho antes.
La pregunta pendiente
Los 4,350 expedientes registrados por las fiscalías representan adolescentes que ya tuvieron contacto con el sistema de justicia. La pregunta sigue siendo la misma: ¿cuántos de ellos pudieron haber tomado otro camino si hubieran encontrado oportunidades antes que una organización criminal?
Etiquetas