Presentan cuatro denuncias penales contra corregidora

Cuatro denuncias criminales contra la corregidora del corregimiento Ancón, presentó el abogado Benito Mojica ante el Centro de Recepción de Denuncias de la Fiscalía Auxiliar de la República.

El letrado, de la firma forense Mojica & Mojica, reveló que las denuncias contra la licenciada Marta Estela Sousa Bernard son en defensa de los propietarios de los hangares 26 y 27, Luis Mateu y Jaime Mateu, ubicados en Diablo, quienes "tienen contrato de ocupación sobre los hangares, así como otros propietarios". Informó que ya han sido desalojados y destruidos sus hangares, pese a que se admitió un amparo de Garantías Constitucionales, dictado por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, mediante Sentencia N° 30 de 14 de julio de 2014, el cual fue a favor de los hermanos Mateu.

Especificó que las denuncias criminales son por abuso de autoridad, infracción de los deberes de los servidores públicos, corrupción de funcionarios públicos y tráfico de influencia.

Explicó que, con fundamento en el Artículo 355 del Código Penal, Sousa Bernard abusó de su cargo, pese a que se admitió un Amparo de Garantías [...]"La Corregidora [...] continuó con el mismo, mediante práctica de pruebas y ordena el desalojo nuevamente, de los hermanos Mateu, propietarios de los hangares 26 y 27, violando con ello debido proceso legal".

Además, no cumplió su deber de servidora pública, porque con fundamento en el Artículo 356 del Código Penal, "la Corregidora de Ancón omite un acto de su deber, [...] en no atender el mandato que se le dio cuando se admitió el Amparo de Garantías Constituciones".

También se le acusa de corrupción de funcionarios públicos porque, con fundamento en el Artículo 346 del Código Penal, "esta conducta ocurre cuando desempeñándose como una Autoridad Administrativa de Policía, la Corregidora de Ancón decide un asunto de su conocimiento o competencia, con ventaja para la Autoridad del Canal de Panamá, como demandante, favoreciéndola con el desalojo [...]".

Mojica explicó que "con fundamento en el Artículo 354 del Código Penal, [...[ Sousa Bernard, valiéndose de su influencia como Corregidora del Corregimiento Ancón, perjudica a los propietarios de los hangares 26 y 27 ordenando el desalojo de los mismos, sin tomar en cuenta que existe un Amparo de Garantías Constitucionales que dejó sin efecto todo lo actuado, [...[, y pese a ello actúa de manera dolosa y arbitraria".

El jurista Mojica pide al Ministerio Público que se investigue a la funcionaria y adicional presentó en el Órgano Judicial dos Amparos de Garantías Constitucionales contra la servidora pública, "quien se hace auxiliar por personal de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para destruir los hangares ubicados en Diablo" , subrayó.