Dos hombres ejecutados en Coco del Mar. Otro asesinado de un tiro en Nuevo Colón. En el Corredor Norte, el cuerpo de un empresario chino es hallado con cinta adhesiva en la boca y un tiro en la cabeza.
Otro cuerpo -esta vez de una mujer- es encontrado putrefecto en las inmediaciones de la terminal de transporte de David. Y ayer, a plena luz del día, en los estacionamientos del supermercado Rey de Vista Alegre, se registra un tiroteo que deja dos heridos. Pudieron haber sido muchos más, tomando en cuenta la hora y lo concurrido del lugar.
La imagen de un Panamá apacible y alejado de la violencia es un argumento cada vez más difícil de sostener para las autoridades que promueven al país en el extranjero.
Pero ha sido la propia administración la que ha propicidado la actual situación de violencia generalizada, mayormente por dos razones: primero, la incapacidad -o falta de interés- de aprovechar la actual coyuntura de crecimiento económico para hacer llegar sus beneficios a las clases populares. La recién aprobada exoneración del impuesto sobre la renta para personas con salarios de hasta 960 balboas es solo una medida tomada bajo la presión de lo que no supieron o no quisieron ver venir.
La segunda razón son los deficientes controles migratorios, que han permitido a narcos, traficantes de personas y criminales extranjeros, disfrazados de inversionistas, mezclarse con la masa de inmigrantes honestos y turistas que llegan al país.
Estas situaciones pudieron ser previstas, pero la corrupción imperante en las instituciones nos vendó los ojos, y obstaculizó cualquier solución. Ahora este gobierno -y seguramente los que le sigan- deberán pagar el precio de estos errores. Lamentablemente, el precio más alto lo está pagando el pueblo.