La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá reiteró a la clase política criolla lo que toda la sociedad y los medios de comunicación les han estado repitiendo desde hace ya más de 10 años, y que hasta hoy se han empeñado en ignorar.
El establecimiento de un real y efectivo control del financiamiento a los partidos políticos y las campañas es una asignación pendiente desde el regreso del país a la democracia en 1990. Hasta el sol de hoy, los dirigentes de los colectivos que pugnan por alcanzar el poder cada cinco años, han manejado decenas de millones de dolares en fondos del subsidio electoral sin ningún tipo de transparencia.
Igual secretismo rodea las donaciones privadas a las campañas, y todo esto amparado por una ley electoral que ellos mismos redactan y reforman a la medida de sus intereses.
De existir los controles debidos y una rendición de cuentas obligatoria sobre las donaciones, habría sido fácil para el Ministerio Público realizar las investigaciones que actualmente lleva sobre el escandaloso caso Murcia y otras denuncias sobre corrupción en las últimas semanas.
Pero las trabas y velos que ha puesto la clase política sobre el financiamiento de las campañas en nuestra legislación hacen casi imposible a los investigadores realizar su trabajo.
Como el primer informe electoral de la Misión de la OEA corrobora, ha habido mejoras significativas en materia electoral si se compara hoy con la época de la dictadura. No obstante, el descrédito en que la clase política ha caido se debe específicamente a las deficiencias y vicios antes explicados. Esperemos que la próxima administración se proponga adoptar los correctivos a la ley electoral que ya fueron propuestos por la sociedad civil y que fueron olímpicamente ignorados al aprobarse la última reforma.