La caída del helicóptero SAN 100 se convierte en la tercera tragedia que ocurre en los últimos dos años. Primero fue el envenenamiento masivo por dietilenglicol, y luego los 18 pasajeros quemados vivos en el bus 8B06.
En los dos primeros casos, las investigaciones y detenciones realizadas por el sistema de justicia del país no han satisfecho el clamor de las familias golpeadas por las tragedias, ni llenado las expectativas de la opinión pública.
Pero en el caso del SAN 100, la presión ya no solo viene de los familiares de los panameños fallecidos. Ahora, en esta tragedia, hay cuentas que saldar a nivel internacional.
La muerte del jefe de Carabineros de la policía chilena, José Bernales, su esposa, y el resto de los invitados del país andino que estuvieron en el fatídico vuelo, han despertado allá las mismas suspicacias que en suelo panameño han estado virtiéndose desde hace dos años sobre la voluntad de nuestras autoridades de esclarecer casos similares.
Ya dos diputados chilenos han señalado que lo ocurrido con el último vuelo del vetusto helicóptero del Servicio Aéreo Nacional corresponde a una "negligencia grave que se asemeja al dolo".
Después de todo, va a ser realmente difícil para el gobierno explicar quién tomó y por qué se tomó la decisión de subir a una delegación de visitantes VIP a una aeronave para la cual había pedido urgentemente la compra de piezas en la web estatal panamacompras.
En esta investigación, no solo está en juego el justificado deseo de los deudos de saber la verdad sobre qué sucedió, sino las relaciones con un gobierno hermano. Ojalá que al menos en esta ocasión, las investigaciones lancen resultados concluyentes, y responsables plenamente identificados.