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"Reelección: preguntas y respuestas"
 "Si la reforma propuesta por el gobierno hubiese
estado verdaderamente inspirada por un deseo de democratizar y modernizar
la Constitución, habría abarcado el procedimiento para designar
al Fiscal Electoral"
Carlos Guevara Mann
El jueves pasado dijo Ud.
que el gobierno había incluido la autonomía del Tribunal Electoral
y la eliminación de la revocatoria de mandato en la reforma constitucional
para disimular la verdadera intención del proyecto, que es la de
perpetuar el mando del oficialismo. También señaló
algunos motivos por los cuales la reforma del capítulo sobre el Tribunal
Electoral es incompleta. ¿Por qué otros motivos es insatisfactoria
esta reforma?
Otro de los tantos aspectos constitucionales que es imprescindible reformar
es el referente al nombramiento del Fiscal Electoral.
A este funcionario le toca 1) salvaguardar los derechos políticos
de los ciudadanos; 2) vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos
en lo que respecta a los derechos y deberes políticos electorales;
y 3) perseguir los delitos y contravenciones electorales.
En la actualidad, el artículo 138 de la Constitución dice
que al Fiscal Electoral lo nombra el Poder Ejecutivo, sujeto a la aprobación
de la Asamblea.
En una situación de usurpación de poderes por parte del
Ejecutivo, como la que vivimos ahora, el Fiscal Electoral no es más
que un empleado del Presidente, incapaz de frenar los abusos de poder y
el uso de recursos del Estado, por parte del gobierno, para promover el
"sí" a la reelección.
En estos momentos, Raúl López, el ciudadano que ocupa el
cargo de Fiscal Electoral, es el mismo designado para el cargo por la dictadura
de Noriega, en 1988. ¿Cuáles cree Ud. que fueron los motivos
de esa dictadura para seleccionar a López?
Dada la naturaleza de ese régimen, no sería, ciertamente,
su independencia de criterio lo que llevó a Noriega a designarlo
para el cargo.
Las consecuencias de ese nombramiento, hecho de acuerdo con el artículo
138 de la Constitución vigente, nos afectan significativamente hoy,
cuando la Fiscalía Electoral carece de la energía requerida
para ponerle un alto a la arbitrariedad del oficialismo.
Por eso, si la reforma propuesta por el gobierno hubiese estado verdaderamente
inspirada por un deseo de democratizar y modernizar la Constitución,
habría abarcado el procedimiento para designar al Fiscal Electoral,
de forma tal que su independencia, autonomía y capacidad de acción
hubiesen quedado aseguradas.
Pero como democratizar la Constitución es lo último que
le interesa al gobierno, prefirió dejar el artículo 138 tal
cual está, con lo que se asegura de que la Fiscalía Electoral
permanezca subordinada al Ejecutivo.
- ¿Qué puede decir acerca de la eliminación de la
revocatoria de mandato?
En vista del control que ejercen los partidos sobre el sistema político
panameño, que algunos han llamado "partidocracia" o "dictadura
de los partidos", esta reforma sólo puede ser positiva.
Esa reforma también es incompleta, como lo señaló
el legislador suplente José Blandón Figueroa en un sesudo
artículo publicado en El Panamá América el pasado 2
de junio.
De allí cito lo siguiente: "Con la reforma hipócritamente
propuesta por el PRD, no se logra que los legisladores sean verdaderos mandatarios
(representantes) del pueblo votante.
"Dicha reforma lo que garantiza es que, por cinco años, los
legisladores contarán con una carta blanca para hacer lo que les
venga en gana, pues, una vez elegidos, nadie les puede revocar el mandato,
ni siquiera el pueblo que los eligió.
"Quienes propugnamos sinceramente por la eliminación de la
revocatoria partidista, lo hacemos exigiendo a la vez, la instauración
de mecanismos que permitan la revocatoria ciudadana.
"Por ejemplo, si un Legislador se ausenta sin justificación
por un largo período de tiempo, dejando su curul vacía, mientras
cobra un jugoso salario, debe existir una sanción que, en países
como la vecina Colombia, es la pérdida de su posición (revocatoria
de su mandato por no querer ejercerlo)."
La propuesta del gobierno, pues, no es más que una licencia ilimitada
para que los legisladores hagan lo que les da la gana y abusen aún
más de la confianza del pueblo panameño.
Eso no es democracia, sino desfachatez, lo que constituye otro motivo
más para votar NO el 30 de agosto.
[continuará]
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