De acuerdo con las investigaciones, el gas refrigerante HC-12 podría se el causante de la dantesca tragedia que el año pasado causó la muerte de dieciocho panameños y panameñas al incendiarse el autobús 8B - 06, evento que jamás podrá ser superado por los supervivientes y los familiares de los fallecidos.
Este gas no cuesta mucho en el mercado y es utilizado en las estufas, pero en los Estados Unidos ha sido prohibido su uso en la industria automotriz por la Agencia de Protección Ambiental, debido a su alto nivel de inflamabilidad, reveló una investigación realizada por El Panamá América.
Otro caso que ha conmovido a la ciudadanía ha sido el envenenamiento de los pacientes de la Caja de Seguro Social y la aparición de pastas dentales cuya fórmula contenía el dietilenglicol. Al parecer en estos casos los controles técnicos no sirvieron de nada tal vez por una desidia gubernamental que se ha apoderado del aparato burocrático.
Podría ser también que en nuestra joven democracia, al cambiarse cada cinco años a los funcionarios como resultado del clientelismo político, los cargos queden sin personal de experiencia, lo que se convierte en una pesada carga laboral oficial y en un nudo de impericia en algunas posiciones.
En cuanto al gas ya mencionado, la Universidad Tecnológica ha manifestado que tiene características incendiarias y explosivas, pero a estas alturas no se han ofrecido criterios oficiales que definan su uso en los aires acondicionados, por ejemplo, y no hay una voz que se pronuncie porque el fluido gaseoso deje de ser utilizado en los autobuses y en los vehículos particulares.
Estas sustancias deben ser reglamentadas para evitar accidentes como el del autobús, porque se evitará perder vidas humanas. Además, se impone la aplicación de las normas pertinentes para no afectar los intereses económicos de la población que recurren al HC-12A para ser utilizado en sus vehículos.
Por lo tanto, las investigaciones deberían ser canalizadas hacia el Estado panameño que no ha motivado el uso de la literatura pertinente que permita conocer las indicaciones de las diversas sustancias y sus posibles desventajas y amenazas.
La despreocupación de los funcionarios podría obedecer a que existe la certeza de no ser alcanzados por los fallos condenatorios y esto es lo que permite conductas irresponsables que tienen sometidos a los contribuyentes y comprometidos a más 240 millones de balboas.
Si no se establecen las medidas pertinentes muchas más personas podrían fallecer. Es imperioso que las investigaciones lleguen a un punto final para que los correctivos sean aplicados y evitar más tragedias como la del 23 de octubre del año pasado.
