Ante la crisis que se agudiza en el órgano judicial, la ciudadanía ha perdido capacidad de sorpresa y sería entendible que, también, de esperanza.
El poder emana del pueblo, ejercido por el Estado a través de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, actuando limitada y separadamente pero en armónica colaboración. Esto presupone que las acciones de quienes representen al Estado estén siempre orientadas al bien común, en los mejores intereses de ese pueblo que ha confiado el poder para ejercerlas, NO en los intereses del bolsillo, de la impunidad o del partido. Es la diferencia entre servir a través del poder y servirse del poder.
Tenemos un problema en el sistema, pero a fin de cuentas es un problema de personas, de quienes depende que el sistema funcione bien; es un problema también de la clase político partidista, de la cual depende que se permita o no hacer los correctivos para que el sistema funcione mejor haciendo más difícil las sinverg�enzuras y, finalmente, tenemos el problema de la falta de suficiente participación ciudadana, necesaria para impulsar efectivamente los cambios que apremian.
Al final es un problema, sobre todo, político y de intereses particulares, en una abierta burla al sistema, pues: (1) no permiten los diputados que la Asamblea ejerza su función constitucional de conocer e investigar denuncias y acusaciones presentadas contra magistrados; (2) por más que 2 o 3 magistrados se desesperen ante la impotencia y se paren de cabeza, como cuerpo colegiado la actual Corte no resolverá sus propios problemas internos; y (3) aquellos magistrados que no hacen honor a tan alta investidura jamás renunciarán voluntariamente.
En el tiempo, la posible solución más próxima, aunque limitada, la tiene el Presidente nombrando a final de año a dos colegas que reúnan el perfil de los magistrados Arosemena de Troitiño y Arjona, es decir, competentes, probos y al mismo tiempo sin vinculación directa a partido alguno; preferiblemente, de carrera judicial.
La solución más duradera, sin embargo, está en nuestras manos, participando más, y cada 5 años ejerciendo el voto conciente para confiar el poder público a los más capaces, honestos y comprometidos con el bien común.
