Un viejo caso en lo que hay en disputa más de B/.6 millones dividió a la Corte Suprema de Justicia.
Cuatro magistrados salvaron el voto en una acción de Amparo de Garantías Constitucionales declarado no viable propuesto por la empresa Yakima Internacional, contra el Banco Anval.
El caso se remonta a 1989, cuando el colombiano Carlos De Biase Alvarez, propietario Yakima Internacional, pretendió retirar dos depósitos de cuenta cifrada, hecho 10 años atrás, pero que el Banco Anval alegó que por instrucciones del propio cliente había desembolsado el dinero a favor de terceros.
Desde entonces se tejió una telaraña jurídica que recorrió todas las instancias hasta llegar a Casación a la Corte, donde en agosto de 1999, la Sala Primera ordenó al Banco Anval pagar la suma reclamada por Yakima Internacional.
Luego el Banco Anval presenta una demanda contra Yakima para dejar sin efecto el mandamiento de pago ordenado por la Corte, pero al misma tiempo Yakima promueve un incidente de nulidad que el 5 de agosto de 2000, el Juzgado XV declaró probado, es decir falló a favor de la compañía de Carlos De Biase Alvarez.
Sin embargo, el 22 de febrero de 2002, el Primer Tribunal Superior de Justicia revocó esa resolución, lo que originó ahora la acción de Amparo de Garantías, que hace poco declararon no viable los magistrados Rogelio Fábrega, Arturo Hoyos, Winston Spadafora, Adán Arnulfo Arjona y Aníbal Salas.
A pesar del criterio de la mayoría, los magistrados Graciela Dixon y José Troyano consideraron que la decisión desconoce la seguridad jurídica de la que gozan las resoluciones de las diversas Salas de la Corte.
El abogado Juan Felipe Iglesias alegó que el fallo abre la puerta para que un juez de primera instancia deje sin efecto una sentencia definitiva emitida por una Sala de la Corte.
